El Salar de Uyuni es la mayor reserva mundial de litio, una materia prima que será fundamental para la producción de baterías destinadas a abastecer los nuevos modelos de autos híbridos y los futuros vehículos totalmente eléctricos.
El litio
es un elemento moderadamente abundante pero mal distribuido sobre la corteza
terrestre, se estima que entre el 75 % y el 85 % de las reservas
mundiales de este metal se encuentra ubicado en la región que se denomina
triángulo del litio y comprende la zona sur de Bolivia, norte de Chile y
noroeste de Argentina.
Su
proceso de obtención es considerado de bajo impacto ambiental debido a que se
obtiene colectando agua de salares con alto contenido de litio y sometiéndolo a
procesos de evaporación para concentrar las sales, lo cierto es que las
concentraciones del material a extraer son muy bajas y por ende es necesario
evaporar grandes cantidades del agua de los salares, ese proceso impacta de
múltiples formas en los ecosistemas regionales. Tiene varias aplicaciones que
van desde lubricantes, aleaciones para la industria aeronáutica, fabricación de
elementos cerámicos, hasta construcción de lentes, entre otras. En este caso en
particular nos vamos a referir al litio para aplicación de distintos tipos de
baterías que comprenden desde módulos de poca potencia para aplicaciones
portátiles como celulares, notebooks, etc hasta sistemas de media potencia para
aplicación en automóviles eléctricos.
La
principal ventaja del litio para la construcción de sistemas de acumulación de
energía eléctrica es su alto potencial de reducción, lo que permite obtener
mucha potencia en relación a su peso y su volumen. Dicho en otras palabras, una
batería de litio es más liviana y ocupa menos espacio que el resto de las
tecnologías disponibles, que en el caso de los automóviles eléctricos se
traduce en mayor autonomía de uso entre cargas.
Pero no
todo lo que brilla es oro; el litio también tiene sus desventajas sobre las
cuales nadie habla demasiado, es un elemento altamente reactivo, reacciona
violentamente con el oxígeno y la humedad del aire. Si una batería de litio
sufre daño estructural, existe un 85% de probabilidades de que autocombustione,
es una tecnología delicada por lo que necesita electrónica de control para la
carga y la descarga, tiene poca vida útil que oscila entre los 500 y 1200
ciclos pero lo más cuestionable de esta tecnología es que reproduce la
estructura política de los hidrocarburos, porque como ya se mencionó, depende
de un elemento mal distribuido sobre la corteza terrestre.
Nadie
cuestiona la necesidad de salir de la economía de los combustibles fósiles como
único camino viable hacia la sustentabilidad ambiental pero ¿es realmente el
litio la solución? Existen otras tecnologías capaces de resolver el problema
planteado, no requieren de recursos naturales concentrados ni de oscuras
corporaciones que los manejen, que incluso superan al litio pero sobre esto
casi nadie habla. La alternativa superadora de las baterías de litio son las
baterías de hidrógeno, también llamadas celdas de combustible o pilas de
combustible, desarrolladas y utilizadas desde mediados del siglo pasado. http://www.laizquierdadiario.com/Litio-el-sucesor-de-los-hidrocarburos-en-la-industria-automotriz
"LOS QUE SABEN MÁS DEL LITIO SON LAS EMPRESAS
PRIVADAS QUE NO COMPARTEN SU CONOCIMIENTO"
El Diario de Atacama (www.diarioatacama.cl)
Gonzalo
Gutiérrez, académico y físico de la Unidad de Ciencias de la Universidad de
Chile, quien también participó en la Comisión Nacional del Litio, visitó la
región de Atacama para exponer sobre este mineral en un seminario organizado
por la Universidad de Atacama (UDA). El docente abarcó el estado actual de la
industria y el proceso de la Comisión Nacional del Litio que se formó en el año
2014, en la cual participó en conjunto con otros 20 especialistas en el tema.
¿A qué
conclusiones llegaron?
-Con el
diagnóstico se llegó a la conclusión de que el litio hasta ahora se había
dejado que vaya libre, que prácticamente no había intervención del Estado, no
hay capacidades ni para regularlo ni para fiscalizarlo. Lo que aquí se requiere
es que el Estado vuelva a ser el auténtico dueño del litio, debe crearse una
empresa estatal para que el Estado capture la renta.
Otra
constatación importante es que se necesita es un ordenamiento institucional
integrado, las instituciones que están a cargo de ver el litio están
desperdigadas. Se necesita una gobernanza integrada de los salares. En este
contexto, no debe actualizarse ningún contrato en el Salar de Atacama hasta
revisarse los contratos vigentes.
Además, otra
resolución importante dice que el litio debe explotarse pero incorporarse valor
agregado.
¿Alguna
medida ha logrado ser implementada?
-Una medida
de corto plazo es la de formar un comité Corfo, de minería no metálica y
gobernanza de los salares, para implementar parte de las políticas que plantea
la comisión. La otra implementada fue decirle a Codelco y ésta creo una
gerencia de litio, que esta haciendo los estudios para explotar sus
pertenencias de litio que son aquí salares de Maricunga y Pedernales.
En ese
contexto ¿Cómo evalúa el potencial de Atacama ?
-Yo pienso
que Atacama tiene un desafío muy interesante, si bien es cierto que el litio
tiene la mayor fuente en el salar de Atacama, el desafío es no sacar carbonato
de litio solamente, sino que incorporarle tecnología, para hacer, por ejemplo :
baterías de automóviles eléctricos.
El objetivo
es ponerle valor agregado y vender un producto ya elaborado, porque ahí es
donde se gana hoy en día, no solo en sacar el recurso.
¿Qué otras
herramientas lograrían impulsar la industria del litio?
-Si el
Estado se mete en esto tiene que crear un centro de investigación del litio, de
ciencia básica aplicada en conjunto con las universidades estatales y yo creo
que aquí el socio natural e ideal es la UDA, que es reconocida por su capacidad
en metalurgia, en procesos, y por lo tanto, debe ponerse en contacto con otra
empresa estatal como es Codelco para explotar este recurso estratégico.
¿Fue en ese
tenor la reunión que sostuvo en la UDA?
-Las
autoridades de la UDA están de acuerdo que debe ser una red de universidades
estatales para desarrollar la industria del litio y eso es necesario porque si
se define esta industria como estratégica, el conocimiento debe quedar en manos
del Estado, hoy en el Estado no sabemos nada sobre el litio, el que sabe más
del litio son las empresas privadas que no comparten su conocimiento. El
conocimiento sobre el litio debe quedar en manos del Estado y en las
universidades estatales.
A su juicio
¿Cómo debería elaborarse el proyecto para explotar y vender el litio?
-Yo pienso
que la principal tarea es recuperar el Salar de Atacama para el país, no es
necesario cambiar ninguna legislación, el litio es un producto no concesible y
estratégico, lo que hay que hacer es acciones políticas para recuperar el
salar.
La segunda
es avanzar en la creación de la empresa estatal del litio, un estado moderno
debe tomar en sus manos los recursos naturales estratégicos, estos no son
renovables, se acaban, y por lo tanto, lo que se saca de esos recursos debe ser
invertido en inteligencia y tecnología para las generaciones futuras y quien
tiene visión de largo plazo son los estados. Los privados tienen visión de
corto plazo, les interés el lucro inmediato.
¿Podría
igualar la capacidad productiva del cobre?
-Son
empresas de tamaños muy diferentes, el litio es una empresa, en términos
económicos, mucho menor que la del cobre, eso es así. Pero la importancia que
tiene el litio más que el recurso natural es que nos permite estar en la
frontera de un desarrollo tecnológico. El cobre se gana mucho como material,
pero el cobre no esta hoy en la frontera de la tecnología, hay que balancear
eso, si uno lo ve solo en dinero el litio es mucho menor.
Constantemente
nombra el poder del Estado sobre el litio ¿Cómo se podría equilibrar el rol de
los privados?
-Ese es un
muy buen punto que hay que definir, porque lo que se habla aquí y discutimos en
la Comisión Nacional del Litio es que el Estado sea un auténtico dueño del
recurso y si es que hay empresas se debe tener más del 50%. Se puede hacer una
asociación público privado ,pero bajo condiciones que el Estado las diga, hoy
hay asociaciones, como algunas que ha hecho Codelco y otras, que no son ningún
modelo a seguir, porque son prácticamente entregarle la explotación y gestión
al privado y quedarse con un pequeño royalty, eso no es lo que necesitamos para
los recursos naturales.
EL SUEÑO DE LA REELECCIÓN DE MORALES DIVIDE A BOLIVIA
El Mundo de España (www.elmundo.es)
Evo Morales, el
líder indígena que gobierna Bolivia desde 2006, nunca arrojó la toalla sobre su
reelección presidencial. Cuando perdió
por un estrecho margen el referéndum celebrado en febrero de 2016,
ya anunció que volvería a la carga. Ahora, el gobernante Movimiento al
Socialismo (MAS) acaba de presentar un
recurso ante la justicia para que se revoque la prohibición de la Carta
Magna a la reelección de los cargos públicos. La estrategia del oficialismo
para que Morales pueda permanecer en el
poder al menos hasta 2025 ha provocado la reacción en la calle de una
oposición que rechaza el sueño de la reelección indefinida del líder aimara.
Curiosamente,
Morales ha esgrimido como ejemplo de la "sabiduría de los pueblos"
para reelegir a sus dirigentes a la Alemania conservadora de Angela Merkel. Tuitero
activo, el presidente boliviano expresó el pasado 24 de septiembre sus
"sinceras felicitaciones a la canciller alemana, reelecta democráticamente por cuarta vez consecutiva por su pueblo
soberano". Un día después, subrayaba en Twitter que la reelección
garantiza la continuidad de proyectos a mediano y largo plazo. Para sus
críticos, el sistema presidencialista de Bolivia echa por tierra cualquier
comparación con Alemania.
Los
inopinados elogios de Morales a Merkel coincidieron con la presentación del
recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Impulsada por
Morales, la Carta Magna fue aprobada en referéndum en 2009. Su entrada en vigor
le permitió al ex líder sindical presentarse a dos comicios consecutivos (2009
y 2014), sin que se tuviera en cuenta el primer mandato iniciado en 2006. Ese
límite de dos legislaturas consecutivas es el que ahora el oficialismo pide
anular bajo el argumento de que contraviene el "derecho humano" de
toda persona a ser elegida para un cargo público, tal y como reconoce el Pacto
de San José suscrito por varios países latinoamericanos.
Morales
ya intentó su postulación presidencial para las elecciones de 2019 hace un año
y medio cuando convocó un referéndum para modificar la Constitución. El
mandatario boliviano perdió por apenas dos puntos porcentuales, pero atribuyó
la derrota a una "campaña sucia" de la oposición. Días antes de la
votación estalló un escándalo que atribuía al presidente una supuesta paternidad
no reconocida y un presunto trato de favor hacia una antigua amante.
Pasado el vértigo electoral y enterrado momentáneamente el sueño reelectoral de
Morales, la justicia determinó que se trató de un montaje.
El
Gobierno izquierdista de Morales se vio entonces con las manos libres para
volver a instalar el debate de la reelección en la agenda política del país.
Desde entonces ha barajado varias opciones: la reforma constitucional, la
celebración de un nuevo referéndum e incluso la renuncia anticipada de Morales
en su actual mandato.
La
maniobra gubernamental ha soliviantado a la oposición. Varios miles de personas protestaron la semana pasada en las principales
ciudades de Bolivia contra la reelección presidencial. Pese a ese
rechazo, Morales todavía es el político
con mayor apoyo electoral en el país, según una reciente encuesta de la
consultora Captura Consulting, que le otorga un 37% de preferencia electoral, a
gran distancia del segundo, el ex presidente Carlos Mesa (20%).
EL PULSO POR LA REELECCIÓN DE EVO MORALES VUELVE A LAS
CALLES
El Diario de España (www.eldiario.es)
Las
calles volverán a convertirse en Bolivia en el escenario del pulso entre los
seguidores del presidente boliviano, Evo Morales, que defienden su nuevo
intento de reelección en 2019 y los adversarios que se movilizan para oponerse.
El
gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) ha anunciado que esta semana será el
principio de una serie de movilizaciones regionales que serán coronadas después
con una concentración en Sucre, donde el Tribunal Constitucional (TC) analiza
una petición de ese partido para que se habilite la candidatura del gobernante.
El
martes, una marcha oficialista unirá las ciudades de El Alto y La Paz para
defender la reelección y recordar los 17 años de la renuncia a su segundo
mandato del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) debido a una ola
de protestas sociales.
Morales
gobierna Bolivia desde 2006 y aspira a seguir en el poder buscando un cuarto
mandato para el período 2020-2025.
No obstante,
la oposición ha advertido de que la petición del MAS al tribunal de que se
respete el derecho político de Morales a la repostulación derivaría en un aval
para la reelección indefinida.
La
convocatoria del oficialismo a mostrar fuerza en las calles se produce unos
días después de que la oposición y diversos grupos ciudadanos aprovecharan la
conmemoración de los 35 años continuos de democracia en Bolivia para clamar que
Morales debe respetar los límites de la Constitución y no puede ser nuevamente
candidato.
La
movilización contraria se realizó el 10 de octubre con miles de personas en
varias ciudades y en La Paz contó con la participación de figuras como el
expresidente Carlos Mesa (2003-2005) y el opositor Samuel Doria Medina, aunque
el protagonismo fue de los grupos ciudadanos.
Es la
segunda vez que esos grupos se movilizan este año para mostrar su rechazo a
Morales tras las manifestaciones realizadas el 21 de febrero para recordar que
justo un año atrás una mayoría votó en un referendo que el gobernante no podía
volver a ser candidato.
Este
domingo, el mandatario confirmó que su partido se organiza para hacer las
movilizaciones regionales con el fin de "defender la democracia" y
"el proceso de cambio" y acusó a esos grupos ciudadanos de ser de
derecha y "querer adueñarse de la democracia".
Argumentó
que en los 35 años de democracia, su partido es el único que ha ganado
elecciones con más del 50 % o más del 60 % de apoyo y defendió que durante su
Gobierno se ha consultado al pueblo en "47 referendos" nacionales,
departamentales y municipales.
"¿De
qué democracia nos pueden hablar?", cuestionó Morales a los que desde la
oposición le acusan de querer aferrarse al poder a toda costa causando un daño
a la democracia y la Constitución y de querer "burlar" la soberanía
popular expresada en el referendo de 2016.
Más allá
del enfrentamiento en el plano discursivo y jurídico, el politólogo Jorge
Lazarte, crítico con el Gobierno, advirtió en declaraciones a Efe que el pulso
en las calles puede derivar a medio plazo en violencia, una característica de
la inestabilidad política de Bolivia "que parece estar retornando".
"Aún
no son escenarios de violencia, pero ya son escenarios de enfrentamiento de
fuerza contra fuerza", advirtió y recordó que el peor ejemplo de esa vía
es el que ha recorrido Venezuela.
En
principio, el Gobierno, el MAS y sus sectores sociales tienen las de ganar
"de mala manera", pero es probable que no siempre sea así porque la
sociedad "marca los límites de la tolerancia, de otra forma todos los gobiernos
del mundo serían omnipotentes", apuntó.
Con la
exhibición de fuerzas en las calles, los dos bandos han mandado claros mensajes
a los siete magistrados del TC que decidirán si Morales puede o no ser
candidato.
Se trata
de magistrados cuestionados por la oposición y la Iglesia católica, que no
confían en ellos porque creen que el recurso sobre la reelección no debió ser
ni siquiera admitido.
Los
jueces tomarán la decisión bajo la presión adicional de la elección en las
urnas de todos los altos cargos del órgano judicial prevista para el 3 de
diciembre, con lo que tan vital asunto será quizás el último que traten antes
de ser relevados.
Aunque la
Constitución establece solo dos mandatos consecutivos, Morales ya pudo
presentarse a las elecciones de 2014 para conseguir un tercer mandato gracias a
un fallo del TC que señaló que Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna
en 2009.
EVO MORALES Y LA LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
La
repostulación de Evo Morales se sigue discutiendo en Bolivia. Recientemente,
asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS) y dos asambleístas de Unidad
Demócrata ––partido opositor al gobierno– , presentaron ante la Corte Suprema
de Justicia una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad, en busca de
compatibilizar la normativa boliviana con la internacional, específicamente con
el Convenio Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). La acción presentada
pretende la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 52 numeral
III, 64 inciso d), 65 inciso b), 72 inciso b) de la Ley Electoral 026 y la
inaplicabilidad de los artículos 156, 168, 285 numeral III y 288 de la
Constitución Política del Estado porque estarían en contraposición a los
derechos políticos que establece la Convención Interamericana de Derechos
Humanos.
El CIDH, en
su artículo 23, establece que los Derechos Políticos de los ciudadanos son
elegir y ser elegidos en igualdad de condiciones; la limitación de estos
derechos debe basarse exclusivamente en razones de “edad, nacionalidad,
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez
competente, en proceso penal” y, además, establece que se deben garantizar las
elecciones periódicas que aseguren la libre expresión de la voluntad de los
electores. Los asambleístas que presentaron la acción consideran que el
artículo 23 del CIDH, al no especificar el número de mandatos como un límite al
derecho de elegir o ser elegido, amplía los derechos políticos de elegir y ser
elegido.
Así pues, en
aplicación del artículo 256 numeral I de la Constitución Boliviana –que
instruye que la normativa internacional debe ser preferente en caso de declarar
derechos más favorables–, el CIDH debe primar ante la normativa boliviana,
porque de esa forma se garantizará la libre expresión de la voluntad de los
electores. De ser procedente la acción, presentada por los asambleístas, serán
inaplicables los artículos de la Constitución que limitan el número de
mandatos. También se declarará la inconstitucionalidad parcial de la Ley Electoral
026 y el derecho político de ser repostulado no sólo alcanzará al poder
ejecutivo, sino también a los prefectos, asambleístas, alcaldes y concejales.
Sin embargo,
la oposición no ha dado tregua desde la presentación de la acción. Considera
que el fin de esta acción es meramente una estrategia que sólo favorecerá a
Morales y que su único objetivo es su permanencia en el gobierno. Las críticas
se fundamentan en la concepción de alternancia como sinónimo de democracia;
además, acusan a la bancada del MAS de desconocer el resultado del referendo
realizado en febrero de 2016, en el que el 51% de los votantes dijo No a la
posibilidad de modificar el artículo 168 de la Constitución Política, para que
los cargos de presidente y vicepresidente pudiesen ser repostulados dos veces
de manera continua.
Pero la
compatibilidad jurídica con el CIDH no es el único factor que avala la
posibilidad de Morales y Linera de presentarse como fórmula del MAS para las
próximas elecciones, sino también la consolidación –durante su gobierno– de
cambios estructurales económicos y simbólicos que sugieren amplios avances
democráticos en el país. Dichos cambios van más allá de la alternancia en el
poder y son visibles en el empoderamiento de una serie de grupos poblacionales
previamente excluidos, hoy en procesos de reconocimiento simbólico de
subjetividades que nunca –antes del proceso boliviano– fueron visibilizadas. El
resultado fue el cambio en la representación donde obreros, campesinos y, en
especial, indígenas fueron ocupando espacios de poder, en los que
progresivamente se comenzaron a entender como parte de un Estado Plurinacional,
con amplias capacidades en los procesos de toma de decisiones y de movilidad
social[1].
La ocupación
institucional, simbólica y política de las bases sociales, que García Linera
(2009) define como “indígenas y plebeyas”, supuso su tránsito a ser parte de
dinámicas de movilidad social, que no solo fueron producto de un proceso
político, sino también de un vuelco en la política económica. La democratización
y nacionalización de las riquezas naturales cambió el tutelaje semicolonial que
mantenía Estados Unidos hasta el 2005 –cuando el gas y el petróleo boliviano
eran extraídos por las transnacionales obteniendo 80% de ganancias para las
empresas y 20% para el Estado–. Con la nacionalización, el 80% se orientó a la
construcción de un Estado de Bienestar, con el objetivo de justicia social, y
el 20% restante quedó en manos de transnacionales. Este ejercicio se consolidó,
además, con una plena reducción de la dependencia del dólar y un “saneamiento”
de la economía de prácticas estructurales y arraigadas históricamente que
hacían más dependiente al país, como señala Lujano (2017)[2]; “la política
fiscal se dirigió a primar las relaciones en la moneda nacional, y
desincentivar vía impuestos las transacciones en dólares estadounidenses”.
La puesta en
marcha de la nacionalización de los recursos naturales –durante dos décadas
transferidos a empresas transnacionales– y la implementación de una política
redistributiva con atención a los sectores más vulnerables, resignificaron una
adopción realista del enfoque del ‘buen vivir’. Incluso en períodos donde la
desaceleración económica ha generado importantes fracturas al interior de los
Estados, “Bolivia sale airoso sin procesos inflacionarios ni atisbos de escasez
o dificultades de acceso a alimentos o productos básicos, vinculados al
autoabastecimiento soberano de alimentos y de ordenamiento de las cadenas
productivas”, según indican, Calderón y Ampuero [3].
Los avances
indiscutibles en materia democrática, de movilidad social de los sectores más
vulnerables y los procesos simbólicos de empoderamiento social de los
movimientos indígenas, ciudadanos y obreros representan, sin lugar a dudas, los
resultados de la revolución boliviana tras once años bajo el liderazgo de Evo
Morales y el coliderazgo de Álvaro García Linera; quienes han sabido traducir
la identidad cultural en capital político para construir un proyecto común y
por ello constan de la suficiente legitimidad para tender puentes entre los
sectores sindicales y los más indigenistas –a veces divergentes– que, a pesar
de las diferencias, han de prevalecer unidos frente a las castas blancas que
los cuestionan desde la perspectiva colonial, reclamando la vuelta al pasado de
dominación, política, cultural e institucional.
La
legitimidad de su liderazgo al interior del país se refuerza en el exterior,
especialmente, en un período en el que la derecha reconstruye su hegemonía
regional usando diferentes instrumentos que van desde los golpes de Estado,
hasta el transfuguismo de liderazgos que provenían del progresismo. Frente a
estas nuevas formas de reposicionamiento surgen retos para los movimientos y
gobiernos resistentes a la avanzada del neoliberalismo. En este sentido,
Bolivia mantiene el discurso contra-hegemónico en defensa del progresismo
orientado a desmontar las retóricas belicistas e intervencionistas en el
territorio latinoamericano por parte de EEUU. Además, mantiene una política
económica exitosa, contraria al modelo económico neoliberal que conlleva
desigualdad social, pobreza, dependencia, demostrando así que se pueden
implementar otras políticas de desarrollo al margen de estrategias de
intervención de países extranjeros, particularmente a través de la cooperación
internacional.
Los cambios
sustanciales que ha implementado el gobierno del MAS en los últimos once años,
bajo el liderazgo de Morales, hacen indiscutible la consolidación de un sistema
democrático que va más allá de la noción de democracia representativa sostenida
por el neoliberalismo, en donde lejos de impulsarse la participación popular
–como claramente se ha logrado en Bolivia en cuanto a la integración de las
bases sociales previamente excluidas– ésta se tiende a inhibir, dando por
antidemocrático todo aquello que salga de la lógica formal de la democracia
representativa liberal y se inscriba en otras dinámicas de participación
popular[4] (como en este caso sucede con la repostulación del presidente y del
vicepresidente en las elecciones de 2019). En definitiva, la apertura a la
repostulación de la fórmula Morales – García Linera a través de la Acción
Abstracta de Inconstitucionalidad invita a pensar sobre los alcances de los
procesos políticos cuando estos son verdaderamente profundos y constituyen la
configuración efectiva de un sistema basado en la democratización de las
relaciones sociales, frente a la articulación de concepciones liberales
democráticas que cohíben estos ejercicios, basándose en formalismos (no únicos
e imperativos) para la configuración de un sistema democrático.
CALVIN KLEIN, GUESS Y PERRY ELLIS LLEGAN A BOLIVIA CON
NUEVAS TIENDAS EN VENTURA MALL
Las
compañías estadounidenses arribarán de la mano de socios locales. El mall
también prepara la apertura de su segundo centro comercial en la ciudad de
Santa Cruz de la Sierra.
Revista Modaes de España (www.modaes.com)
Calvin
Klein, Guess y Perry Ellis entrarán en Bolivia. Las tres cadenas
estadounidenses de moda comenzarán a operar en el centro comercial Ventura Mall
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en los próximos meses, según ha
confirmado el gerente general del complejo, Sergio Loma a Modaes.
La primera
compañía en subir la persiana será la estadounidense Perry Ellis, que llegará
de la mano del socio local Fast Fashion, a finales de octubre. El grupo,
especializado en moda masculina, contará con un espacio comercial de 110 metros
cuadrados de superficie.
Calvin Klein
y Guess, por su parte, aterrizarán de la mano de Ventura Mall. Calvin Klein
tiene prevista su apertura para el próximo diciembre con su línea de hombre,
mujer y niños, y contará con una tienda de 157 metros cuadrados de superficie.
El
desembarco de Guess está proyectado para marzo de 2018. La compañía
estadounidense contará con un establecimiento de 230 metros cuadrados de
superficie. Además, Ventura Mall tantea la llegada de la marca de calzado para
niños Bubblegummers.
Recientemente,
la compañía
de cosmética Mac anunció que llegará a Bolivia a finales de octubre.
El grupo, propiedad de Esteé Lauder, comenzará a operar en el mercado boliviano
de la mano de su socio local Cosmet, con una tienda en el Ventura Mall.
El centro
comercial inició sus operaciones en Santa Cruz en febrero de 2014. Actualmente,
cuenta con 176 inquilinos. Ventura Mall es ocupado por más de sesenta
marcas extranjeras y el resto corresponden a empresas locales. Entre las
compañías internacionales se encuentran Mango, Forever21, Nike, Puma, Adidas,
Justice y Hard Rock Café, entre otras.
Según
explica Loma, el mall está ocupado en su totalidad y aunque la tasa de rotación
es casi nula, actualmente se está rescindiendo contrato con las compañías que
no han tenido un desempeño idóneo para dar cabida a nuevas empresas.
En paralelo,
la empresa también trabaja en la apertura del segundo Ventura Mall en la
ciudad, que estará ubicado en la zona sur, Doble Vía La Guardia. El centro
comercial contará con un espacio de 42.000 metros cuadrados de superficie y
está prevista su apertura para el primer trimestre de 2020.
El proyecto
se trata de un concepto de uso mixto, que tendrá dos torres: una para el centro
comercial y la otra de viviendas y oficinas. “Ya estamos en la etapa de
finalización del proyecto arquitectónico y el siguiente paso es generar el
presupuesto para ponerlo en marcha”, explicó Loma.
Actualmente,
en Ventura Mall también opera la cadena de cines, Cinemark. El centro comercial
genera seis millones de visitas al año y espera facturar 100 millones de
dólares en 2017. El mall da 1.800 empleos directos y nueve mil indirectos.
EL DESARROLLO CAMPESINO ES CLAVE PARA ACABAR CON EL
HAMBRE EN LATINOAMÉRICA
Gestión de Perú (www.gestion.pe/economia)
La
generación de empleos dignos en las zonas rurales mediante el impulso a la
economía campesina y la agricultura sostenible es clave para combatir el hambre
que padecen 42,5 millones de latinoamericanos. Así lo aseguraron el mexicano
Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia, y el especialista
colombiano en agronegocios Guillermo Carvajal, en vísperas del Día Mundial de
la Alimentación, este 16 de octubre, en el que se alertará sobre la necesidad
de invertir en el desarrollo rural.
“En
Latinoamérica, la pobreza y el hambre tienen rostro y paisaje. El rostro es el
del indígena y el afro, y el paisaje es el rural”, sostuvo Zavala. Este tema
fue elegido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO) porque se estima que tres cuartas partes de las personas
en pobreza extrema basan sus medios de subsistencia en el cultivo de la tierra.
“Hay que
romper esa dicotomía aberrante en Latinoamérica, que es la pobreza y la
desnutrición en medio de la riqueza de recursos naturales, y esa ecuación en la
que campesino es igual a pobre y marginado”, agregó Zavala, especialista en
agricultura sostenible y en políticas para el desarrollo rural. Por eso la ONU,
junto a los Gobiernos y la empresa privada de la región están dirigiendo sus
esfuerzos a dignificar la economía campesina, aseguró el también exfuncionario
del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Las
acciones, que se derivan de las metas de la Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible, buscan prioritariamente frenar el éxodo del campo, especialmente de
los jóvenes, que se ha acentuado por las pérdidas agrícolas a raíz de las
sequías e inundaciones vinculadas con el cambio climático. De acuerdo con la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras en 1950 la población en
las áreas rurales de Latinoamérica era casi el 60 % del total, para 2016 solo
llegaba al 20 %.
Para
arraigar a la gente en el campo, Zavala instó a generar un “círculo virtuoso”
entre los productores y consumidores, en el que estos últimos sean “conscientes
de que a la vez que se alimentan bien, mantienen empleos dignos en las zonas
rurales”. Esto implica políticas que permitan a los pequeños productores
participar para satisfacer la demanda urbana, garantizando los derechos de la
tenencia de la tierra, la equidad en los contratos estatales de suministro de
alimentos y el acceso al crédito.
Zavala
resaltó que hay iniciativas “alentadoras” en Brasil, que cuenta con un registro
de la agricultura familiar y ha promovido la inclusión rural, con créditos
agrarios y un sistema de adquisición de alimentos producidos por pequeñas
familias. “Paraguay, Bolivia y Ecuador también han tenido experiencias muy
satisfactorias con la agricultura familiar, así como Colombia, en el Eje
Cafetero”, añadió al resaltar a México, “donde se está haciendo un esfuerzo muy
importante para juntar la política social y la económica”.
De acuerdo
con el informe que presentó la FAO la semana pasada, aunque los niveles de
hambre siguen siendo bajos en América Latina respecto a otras regiones del
mundo, hay señales de que la situación se está deteriorando, especialmente en
América del Sur, donde el hambre creció de 5 % en 2015 a 5,6 % en 2016. “La
agricultura es la respuesta a esa situación en Suramérica”, manifestó Zavala,
al subrayar que la región “tiene todo el potencial de ser la canasta de pan
para el mundo porque tiene productores muy fuertes como Argentina y Brasil, en
el caso de los granos básicos, y Chile, con productos de valor agregado como el
vino”.
El
especialista colombiano en agronegocios Guillermo Carvajal, quien trabajó en proyectos
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid),
considera que el reto es producir de manera sostenible alimentos para la
creciente población de la región, actualmente de unos 625 millones de personas.
Por eso es estratégico promover iniciativas como el plan global “Más alimentos,
menos desperdicio”, que busca mediante la asistencia técnica a los cultivadores
aumentar en 20 % la producción sin utilizar más agua, tierra o insumos, explicó
a Efe Carvajal, actualmente directivo en la Región Andina del gigante suizo del
mercado agrario Syngenta.
“MÉTODO VIL” CASTROCHAVISTA: ACHACAR SUS CRÍMENES A SUS
VÍCTIMAS
En Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua los
jefes y miembros del gobierno cometen graves delitos para tomar y retener
indefinidamente el poder. La característica recurrente es culpar de los hechos
delictivos a quienes realmente son las víctimas o aquellos que se les
opusieron, aplicándoles el “método vil” de desinformación y represión, el
elemento esencial de las dictaduras castrochavistas.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Por Carlos
Sánchez Berzaín.- Achacar significa “atribuir, imputar a alguien o
algo un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente con malicia o sin
fundamento”, y cuando esta situación se convierte en política de Estado por los
que detentan el poder arbitrario e indefinido, se constituye en un delito de
falsificación de la verdad con gravísimas consecuencias para la libertad y la
seguridad de los ciudadanos, pues establece un régimen de “miedo” para mantener
al gobierno ilegítimo.
Los
expertos describen esto como parte de la “metodología castrista de control
social”. Es decir, una de las herramientas con que la dictadura cubana
institucionalizó su permanencia en el poder sobre su pueblo. Este “método vil”
fue expandido junto con el desarrollo del castrochavismo que, con dinero y
petróleo, ha llevado a la miseria a Venezuela y parte de las Américas, a una
situación de inseguridad y oprobio que divide a la región en democracias y
dictaduras.
La
aplicación del “método vil” para encubrir crímenes de estado y delitos de los
grupos de delincuencia organizada que controlan los regímenes de Cuba,
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua es utilizada desde campañas de prensa y
propaganda hasta declaraciones oficiales, acusaciones, enjuiciamientos y
procesos que producen “sentencias infames”, presos políticos, perseguidos y
exiliados políticos y sostenidas campañas de “asesinato de la reputación”.
En La
Habana, con un régimen totalitario como el castrista –donde todo se controla,
especialmente los elementos y medios tecnológicos– ¿quién puede creer que el
gobierno cubano no sabía lo que se hacía en contra de los diplomáticos
estadounidenses en el caso de los ataques sónicos? Por aplicación del “método
vil” para achacar sus crímenes a las víctimas, la versión oficial en La Habana
ante dicho suceso fue: “Estados Unidos deteriora las relaciones bilaterales”,
porque “Cuba jamás ha perpetrado ni perpetrará ataques de ninguna
naturaleza...”
Así como
se lo aplican a la primera potencia mundial, el castrochavismo emplea el
“método vil” en Venezuela donde Nicolás Maduro acusó y condenó a Leopoldo López
de asesinatos cometidos por la dictadura; también, por unos crímenes del
gobierno madurista, fue encarcelado el alcalde Ledezma y hoy existen en el país
presos políticos, torturados, condenados y acusados que realmente son
inocentes. Decenas de miles de exiliados venezolanos son también un testimonio
extendido por el mundo de ese “método vil” de sindicar inocentes para proteger
a los verdaderos delincuentes.
Rafael
Correa aplicó el “método vil” en el Ecuador cuando el 30 de septiembre de 2010
(30S) enjuició y encarceló a las víctimas, incluyendo al coronel que lo atendió
y lo protegió; también las sentencias judiciales por un tuit o por aplaudir
como el caso Endara, o sus enjuiciamientos a los periodistas y las
confiscaciones de medios de comunicación para encubrir la corrupción y
controlar a la prensa. El nuevo presidente Lenin Moreno tiene la oportunidad de
anular y reparar lo que el “método vil” ha ocasionado y sacar a su país del
grupo de dictaduras castrochavistas, pero hasta ahora todo sigue igual.
En
Bolivia, Evo Morales rinde homenaje al Che Guevara a 50 años de su derrota
guerrillera por el Ejército boliviano, de manera que el “método vil” opera para
intentar presentar como un héroe al agresor sanguinario que invadió Bolivia y
mató a decenas de bolivianos; a ese fusilador de Cuba y matón en el Congo, cuya
foto imponen en oficinas públicas y escuelas, con monumentos y hasta una
condecoración, mientras encarcelan a los defensores de Bolivia, como el General
Gary Prado, quien capturó al Che, o los humillan como a los excombatientes de
Ñancahuazú.
Evo
Morales aplica también el “método vil” con la masacre de octubre de 2003 que
organizó y ejecutó para derrocar al Presidente Constitucional, y con cerca de
20 masacres que ha perpetrado en La Calancha, el Hotel las Américas, el Porvenir,
Cochabamba… donde siempre achaca a sus víctimas los crímenes que perpetra y
firma. Actúa como acusador para no ser juzgado y condenado.
El
“método vil” –desarrollado por la dictadura cubana– está en plena acción y es
ahora parte de la patente dictatorial castrochavista.
No comments:
Post a Comment