Un estudio publicado en octubre del presente año por el
Instituto de Recursos Mundiales (WRI) ha demostrado que los
territorios indígenas reconocidos por los gobiernos generan millones de
dólares, además de beneficios ambientales como la conservación de los bosques.
La investigación, que abarca un análisis entre los años 2000 y 2012, se titula
“Beneficios climáticos, costos de tenencia: Razones económicas para asegurar
los derechos de las tierras indígenas en el Amazonas” y examina la situación de
las tierras indígenas tituladas en los países de Bolivia, Brasil y Colombia.
“La razón
por la que escogimos estos tres países es porque accedimos a información
oficial del Gobierno que data desde el 2000 al 2012. Además eran países en
donde se estaba desarrollando la titulación de tierras y la deforestación era
reconocible. Es la primera vez que se demuestran los beneficios económicos de
la titulación de tierras indígenas. Como sabes, hay muchos argumentos a favor
de la titulación, pero es la primera vez que se contabiliza de manera monetaria
este derecho”; explica en exclusiva a Mongabay Latam Helen Ding, economista
ambiental e investigadora principal del estudio del WRI.
El
aseguramiento de la tenencia de tierras boscosas indígenas es una inversión de
bajo costo y altos beneficios. “La proyección económica del estudio es de 20
años”, se cita en el estudio. En el caso de Bolivia se concluyó que la ganancia
económica es entre 54 000 y 119 000 millones de dólares; en Brasil entre 523
000 y 1 165 000 millones de dólares; y en Colombia, entre 123 000 y 277 000
millones de dólares.
La razón
por la que se obtiene la ganancia económica, según el estudio de Helen Ding, es
la cotización en base a la captura y almacenamiento de carbono, el
aprovechamiento del turismo y el comercio de productos sostenibles. “Desde la
perspectiva financiera, invertir en asegurar la tenencia de tierras boscosas
indígenas también es una medida relativamente rentable para la mitigación del
cambio climático en comparación con otras medidas de captura y almacenamiento
de carbono, el costo de asegurar la tenencia es de cinco a 29 veces menor que
los costos estimados de las centras eléctricas alimentadas con carbón y de
siete a 42 veces menos que los costos de las centrales eléctricas alimentadas
con gas”, se describe en la investigación.
Según
Ding, la publicación de este estudio tiene relevancia a nivel mundial por la
reciente COP22. “Existe un momento especial, porque durante la COP22 entró en
vigor el Acuerdo de París y es importante reconocer el papel de almacenamiento
de carbono en los bosques protegidos por los pueblos indígenas. Este es una
valor que debe ser reconocido por el mundo”, enfatiza la economista ambiental.
El
estudio tuvo una investigación preliminar, señala Ding, en Brasil y Guatemala
en 2014, donde se estableció una relación entre “tasas de deforestación, la
captura de carbono y una serie de servicios ecosistémicos en el análisis de
beneficio-costo, de donde se obtenían los beneficios económicos”. Dicha
vinculación se está desarrollando en la presente investigación, apunta la
experta.
Mateo
Estrada, coordinador de Territorio y Recursos Naturales de la Organización de
Pueblos Indígenas de Colombia (Opiac), agrega que la titulación de tierras
indígenas es una forma de reconocimiento a la labor histórica de los pueblos
indígenas en la conservación. “La seguridad jurídica de los territorios
indígenas es una garantía de conservación de los pueblos y sus culturas. Está
demostrado que la forma de vida indígena a través de los conocimientos
tradicionales no atenta contra los recursos naturales, por el contrario,
garantiza la armonía hombre-naturaleza. La titulación, en el caso colombiano, bajo
la figura de resguardo, es una salvaguarda al proceso de extractivismo y la
degradación de los bosques”, dice a Mongabay Latam.
Valor ambiental
El
estudio del WRI también brinda información sobre la importancia ambiental de la
conservación de bosques mediante la titulación de tierras indígenas. “El
análisis de correspondencia muestra que para el período de 12 años comprendido
entre los años 2000 y el 2012, las tasas anuales de deforestación dentro de las
tierras boscosas indígenas con tenencia asegurada fueron significativamente
menores con respecto a las que se encuentran fuera de este tipo de tierras
boscosas en Bolivia (2,8 veces menos), Brasil (2,5 veces menos) y Colombia (2
veces menos)”, se señala en la investigación. “Si comparamos los bosques que
están titulados como territorio indígena con los que no están titulados, vemos
que la deforestación disminuye en dos hasta tres veces”, explica Ding a
Mongabay Latam.
La importancia de la titulación de tierras
“Al estar
titulado el territorio indígena hay un respeto del Gobierno y de las industrias
extractivas como las madereras o las mineras. Con la titulación no ingresan
actividades que dañen al bosque porque nos pertenece y lo cuidamos. Así podemos
ver reflejada la mejor y mayor conservación de bosques en nuestros territorios
que en el resto del país. Ese es nuestro aporte al mundo”, afirma Adolfo López,
presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob).
Según la
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), que reúne
a una serie ONG y organizaciones indígenas de la cuenca amazónica en el
análisis del territorio amazónico, se ha determinado que al 2013, en Bolivia
existen 89 155 km2de territorio indígena reconocido, en Brasil existen 1 117
624 km2 y en Colombia 257 726 km2.
Sin
embargo, existen amenazas en los territorios de los tres países amazónicos. “La
falta de voluntad política por la titulación, la superposición de licencias de
otras actividades como la injerencia de empresas extractivistas en algunas zonas
y/o regiones de la Amazonía; así como planes de ordenamiento territorial o
ambiental de las entidades estatales que obedecen a otras lógicas de uso de los
recursos naturales y el suelo, son tipos de amenazas al territorio indígena”,
afirma Mateo Estrada de Opiac.
Helen
Ding sostiene que aparte de respetar el derecho de los pueblos indígenas,
conservar la Amazonía, y favorecer al tesoro nacional con el valor económico,
la titulación de tierra tiene otros beneficios secundarios. “Si nosotros
entregamos los derechos territoriales a los pueblos indígenas, aparte de
respetar lo que se merecen, es defender el agua limpia, luchar contra la
deforestación, proteger la biodiversidad, así como la promoción del turismo
sostenible. Así es como está sucediendo en comunidades que ya gozan de
territorios titulados y se debe replicar en el resto de países amazónicos”,
manifiesta la investigadora a Mongabay Latam.
De
acuerdo a Ding, este estudio debería servir para que el resto de países de la
cuenca amazónica promuevan el reconocimiento y la titulación de tierras
indígenas. “Los hallazgos confirman una motivación económica sólida para los
gobiernos, las agencias de financiación contra el cambio climático y otros
socios para invertir en asegurar la tenencia de tierras boscosas en América
Latina. Se deben eliminar los obstáculos administrativos que dificulten el
registro de tierras indígenas”, finaliza la economista ambiental. (www.miputumayo.com.co)
PEQUEÑOS PRODUCTORES Y MADERA LEGAL, LA GRAN DISYUNTIVA
Investigadores observan la compleja dinámica entre las
regulaciones y las necesidades locales de los pequeños productores en Perú,
Ecuador y Bolivia.
Revista Los Bosques de Indonesia (www.blog.cifor.org)
Perú,
Ecuador y Bolivia, países que comparten la Amazonía occidental, han
implementado importantes reformas forestales en las últimas dos décadas con el
fin de ayudar a que pequeños productores y comunidades gestionen mejor sus
bosques y obtengan mayores beneficios.
Sin
embargo, a pesar de estos cambios, muchas personas continúan gestionando sus
bosques de formas que resultan en prácticas ilegales de tala.
¿Por qué
persiste la tala ilegal entre los pequeños productores y las comunidades
forestales?
En busca
de una respuesta a esta pregunta, científicos del Centro para la Investigación Internacional (CIFOR),
han visitado bosques, parcelas agroforestales, aserraderos, oficinas
gubernamentales y otros sitios en estos tres países. Así, entrevistaron a
diseñadores de políticas, funcionarios gubernamentales y a personas que
trabajan en diferentes áreas de la industria de producción forestal en busca de
respuestas respuestas.
“Nos
propusimos responder a tres interrogantes” afirma el investigador de CIFOR,
Pablo Pacheco. “¿Cómo afectan los derechos de tenencia otorgados a los pequeños
productores y las comunidades sus decisiones sobre el uso de sus bosques?
¿Cuáles son las principales barreras que impiden que los pequeños productores
adopten prácticas de manejo sostenible del bosque? Y, ¿por qué los pequeños
productores y las comunidades, luego de todas estas reformas, continúan
aprovechando madera sin la debida autorización?”
Los
investigadores encontraron que a pesar de las modificaciones a las
regulaciones, las cuales constituyen en sí un paso adelante, estas no responden
necesariamente a la variedad de requerimientos de los pequeños productores y de
las comunidades, tal y como lo explican en un estudio publicado en el
semanario científico Forests.
Y cuando
las regulaciones no satisfacen sus necesidades, las personas acuden a una
combinación de prácticas legales e ilegales para cortar y vender su madera.
“Es una
situación diversa y compleja”, afirma Pacheco. “La legalidad solo funciona para
algunos, pero no para todos”.
Potencial versus resultados
Los tres
países han progresado en sus esfuerzos por cambiar las regulaciones, pero no ha
sido fácil responder a las diversas limitaciones económicas e institucionales
que los pequeños productores y las comunidades enfrentan, quienes se han
convertido en importantes actores en el sector forestal, afirma Pacheco.
Estos
tres países difieren en el área total de sus bosques. Ecuador tiene 11 millones
de hectáreas, en tanto que Bolivia tiene casi cinco veces la misma área y Perú
tiene 73 millones de hectáreas. También se diferencian en el área ocupada por
los pequeños productores.
Según
estadísticas oficiales (las que podrían ser inexactas), los pequeños
productores o las comunidades representan unos 7,5 millones de hectáreas (más
de la mitad del área total de bosque) en Ecuador; 20,7 millones (o casi la
mitad, en Bolivia); y solo 13,2 millones, (menos de una quinta parte), en Perú.
Entre los
años 2008 y 2012 los pequeños productores y las comunidades contribuyeron a los
mercados con una importante cantidad de madera, representando el 84 % en
Ecuador y el 22 % en Perú. La mayoría de esta madera se vendió en los
mercados locales de cada país.
A finales
de los 90, los tres países empezaron a promover el manejo forestal sostenible
(MFS) como una medida para incrementar los ingresos provenientes del bosque y
estimular la conservación.
Pacheco y
sus colaboradores afirman en su artículo que los diseñadores de políticas
asumieron que el MFS podría incrementar los beneficios económicos provenientes
de los bosques para los pequeños productores y las comunidades, y así disminuir
la presión de la deforestación ocasionada por el cambio de uso de la tierra,
así como también podría ayudar a complementar los ingresos de los pequeños
productores y las comunidades.
Un
conjunto inicial de reformas en estos tres países incluyeron regulaciones para
promover el MFS, tales como inventarios forestales, planes de
manejo forestal y planes operativos anuales. También reconocieron derechos de
tenencia a pequeños productores y comunidades indígenas.
Las
nuevas regulaciones brindaron algunos incentivos económicos, particularmente al
reducir los gastos para pequeños productores en Bolivia; y asignaron diferentes
costos a los permisos forestales de acuerdo al tipo de bosque y a la escala del
aprovechamiento de madera en Ecuador. En los tres países también se mejoraron
sus sistemas de vigilancia que verifican si la madera es aprovechada de forma
legal.
Pacheco
afirma que cambiar las regulaciones para mejorar el manejo forestal, a la vez
de ayudar a que los pequeños productores logren mejores estándares fue una
combinación interesante, con gran potencial. Pero esto no logró los resultados
esperados.
Uno de
los obstáculos, afirman Pacheco y sus colaboradores, fue que las reformas
pusieron énfasis en la tenencia, el manejo forestal y las ganancias para
verificar la legalidad, pero no prestaron suficiente atención a los incentivos
y la asistencia técnica a los usuarios locales del bosque.
“Se
asumía que los mercados se harían cargo de cubrir sus necesidades”, afirma
Pacheco. Sin embargo, a pesar de las barreras institucionales y de las
limitaciones económicas, los pequeños productores y comunidades forestales
jugaron un papel importante en el suministro de madera en los tres países.
Y con el
tiempo, los usuarios locales del bosque comenzaron a presionar a sus gobiernos
para mejorar su situación.
Una
segunda ola de reformas se inició en el año 2010, con el propósito de facilitar
a los pequeños productores el manejo de sus bosques al diseñar sistemas
forestales más flexibles, a pesar de las preocupaciones de que tal flexibilidad
pudiera derivar en un manejo forestal menos sostenible.
En los
tres países, en diferente medida, estas reformas mejoraron los incentivos para
la actividad forestal de los pequeños productores, introdujeron pagos y otro
tipo de compensación por la conservación del bosque, y optimizaron sistemas que
verifiquen el origen legal de la madera.
Sin
embargo, el aprovechamiento ilegal de madera continúa en la Amazonía
Occidental.
¿Qué
salió mal entonces? Según explica Pacheco, “las reformas forestales fallaron en
abordar por completo dificultades clave que los pequeños productores enfrentan
al tratar de adoptar sistemas de manejo forestal sostenible”. Dados los
complicados procedimientos para garantizar títulos de tierras, el proceso de
titulación ha sido lento.
El costo
del diseño de planes de manejo y planes operativos anuales también puede ser
demasiado alto para los pequeños productores, quienes no llegan a vender
suficiente madera que les permita recuperar la inversión. Muchos pequeños
productores, especialmente en áreas remotas, venden la madera esporádicamente
en la medida en que necesitan efectivo. Para ellos, no tiene sentido emprender
un plan forestal formal.
“El costo
que involucra la obtención de permisos, y los frecuentes bajos beneficios
derivados de la tala de árboles, conllevan a que los pequeños productores
realicen sus operaciones fuera de la ley”, explican los autores en la
publicación.
“Adicionalmente,
puede que a los técnicos forestales no les interese formular planes de manejo
en áreas pequeñas”, las que son menos lucrativas en comparación con grandes
áreas donde se puede extraer más madera.
Pero la
carencia más grande, afirma Pacheco, es la falta de incentivos financieros para
el manejo forestal sostenible a pequeña escala. Debido a los costos y otros
obstáculos, como la distancia a los mercados, los pequeños productores en la
Amazonía Occidental están en desventaja, afirma el investigador. Como
resultado, tienden a emprender una combinación de prácticas legales e ilegales.
Para
reducir costos, muchos pequeños productores prefieren cortar los árboles y
convertirlos en tablones ellos mismos con motosierras, en lugar de contratar a
alguien más. Pero también requieren de capital antes de aprovechar la madera, y
con frecuencia deben acudir a intermediarios para obtener préstamos con altas
tasas de interés. La alternativa es vender la madera en pie a un precio más
bajo a intermediarios o a los operadores de motosierras.
Los
intermediarios juegan un papel importante en la cadena de mercado al brindar
financiamiento, pero también pueden imponer sus condiciones en la venta de
madera, dejando a los pequeños productores en desventaja. Los intermediarios
también pueden obtener los permisos necesarios y con frecuencia conocen las
formas de hacer que la madera ilegal parezca legal. Esto les permite vender la
madera en mercados locales urbanos. Estas dificultades y obstáculos, combinados
con los incentivos inadecuados, conllevan a que quienes están involucrados en
la venta ilegal de madera se opongan a los esfuerzos para cambiar sus
prácticas, afirma Pacheco.
El
incumplimiento de las regulaciones forestales representa un costo significativo
para los gobiernos, al dejar estos de percibir ingresos fiscales. Sin embargo,
al mismo tiempo, las ventas de madera son una fuente importante de ingreso para
los pequeños productores y las comunidades.
Flexibilidad e inclusión
¿Entonces,
cuál sería la solución? Aunque varía de algún modo entre los países, los
estudios señalan algunos principios generales.
Pacheco y
sus colegas sugieren involucrar a los pequeños productores y otros miembros de
la cadena de mercados a baja escala en esfuerzos para diseñar un marco más flexible
e integrado que permita a los pequeños productores tomar decisiones sobre la
mejor forma de manejar sus bosques.
“Estos
marcos deben integrarse cada vez más a incentivos económicos y
asistencia”, afirma Pacheco.
También
es importante optimizar la transparencia de los mercados de madera, al mejorar
la disponibilidad n de información sobre precios para todos en la cadena de
mercado y al mejorar el monitoreo y la vigilancia.
“Los
intermediarios locales deben ser parte de la solución”, dice Pacheco, “de forma
que se construyan mejores alianzas a lo largo de la cadena de valor, desde el
mercado hasta los pequeños productores o las comunidades y sus bosques”.
Las
agencias del gobierno de todos los niveles harían mejor en cambiar su enfoque
de aplicación de normas tipo “comando-control” y faciliten formas de manejo
forestal sostenible, que a la vez funcionen para los pequeños productores,
afirma el investigador.
Pacheco
espera que los estudios a profundidad de CIFOR sobre manejo forestal en
Bolivia, Ecuador y Perú contribuyan a la adopción de sistemas que funcionen
tanto para las personas como para los bosques.
“Sistemas
más flexibles, con mejor monitoreo e incentivos y mayor conocimiento de las
demandas del mercado, pueden facilitar la vida de los pequeños productores a la
vez que se garantiza que posean los recursos para que puedan beneficiarse de
sus bosques y también puedan invertir en ellos”, afirma.
Este
estudio forma parte del proyecto “Países emergentes en transición hacia una
economía verde: ¿Marcará la diferencia para los bosques y las personas?”,
desarrollado por el Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y
Agroforestería (CRP-FTA). El objetivo del programa es mejorar el
manejo y uso de los bosques, la agroforestería y los recursos genéticos de los
árboles a lo largo del paisaje, desde bosques hasta plantaciones.
EL TRÁFICO DE ORO EN EL ALTIPLANO TIENE COMO SU EPICENTRO
A JULIACA
Negocio oscuro. Grandes
cantidades del metal que proceden de centros informales del sur son
comercializadas en esta ciudad. También es llevado hacia Bolivia y Brasil.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
No hay
local comercial en el centro de Juliaca que no tenga un letrero que anuncie la compra de oro.
El negocio parece ser tan rentable que cerca de las principales tiendas grupos
de jaladores con voz sigilosa ofrecen un buen precio por gramo, seguridad y
hasta discrecionalidad en la transacción.
La
proliferación de esos establecimientos se debe a que Juliaca es uno de los
mayores epicentros de tráfico de oro en el Altiplano. Pero no es el único lugar donde se comercia este
metal.
La
Rinconada y Ananea, en la provincia de San Antonio de Putina, son dos de los
más grandes centros mineros informales en Puno. De esas localidades a diario
salen cientos de personas con diversas cantidades de oro para venderlas al
mejor precio.
Las tiendas cotizan con un margen menor al precio
internacional y la compra se efectúa previa presentación de la
declaración de compromiso (DC). Según la Dirección Regional de Energía y Minas,
en Puno solo existen 3363 DC, que representan a un número similar de mineros.
La cifra es mínima porque en ambos centros explotan oro más de 90 mil personas.
Para la
Policía Nacional, los mineros informales prefieren vender su oro, después de
Juliaca, en Bolivia.
Para eso
se desplazan a Puno, Ilave, Desaguadero y La Paz-Bolivia. La otra ruta es
Juliaca, Macusani, Puerto Maldonado y Brasil.
El
director de la Décima Macro Región Policial Puno- Madre de Dios, Orfiles Bravo,
señaló que no hay información de cuánto
oro se trafica en ambas rutas.
Investigaciones
La
Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Puno investiga a más de 100
personas por transportar miles de soles
sin sustento.
La
mayoría dijo dedicarse a la minería. Quienes no salen del Perú venden el oro en
Juliaca, hasta donde también llegan mineros procedentes de Cusco y Arequipa.
Leopoldo
Valdez, ingeniero de minas, aseguró que Bolivia siempre fue
destino del tráfico de oro peruano.
“Es por
un tema de costos. En Juliaca o La Rinconada, cuando se es informal, se pierde
un promedio de S/ 10 por cada gramo. Pero en Bolivia solo se pierde S/ 3”,
aseguró Valdez a este diario.
Dijo que
los controles implementados en el Altiplano por el gobierno anterior no
funcionaron porque los mineros ven la
manera de sacar el oro para tener mejor precio.
Se desconoce
cuánto oro sale del Altiplano a Bolivia o Brasil. Una investigación de Ojo Público reveló que entre 2011
y 2014 exportadoras de Bolivia hicieron del Perú un “puente aéreo” para enviar oro a
EEUU.
Se
descubrió que líneas bolivianas ingresaron al Perú 35 toneladas de oro. El caso
originó que las autoridades del país vecino tomen cartas en el asunto.
MIENTRAS QUE VENEZUELA SE DERRUMBA, BOLIVIA FLORECE
Es la miseria y la crisis económica el término natural
para el socialismo?
Revista VG de Noruega (www.vg.no/nyheter)
La
economía de Venezuela es un desastre de proporciones históricas. Para muchos es
una sorpresa. Cada vez que escribo sobre Venezuela, consigo decenas de
retroalimentación con la misma redacción irónica:
"El
socialismo conduce a la miseria. Quién lo iba a decir!? ".
Para
interpretar el colapso de Venezuela como una especie de castigo por haber
elegido el socialismo como ideología, parece ser generalizada. Me han dicho una
y otra vez que mi país es sólo el terminal natural para el socialismo.
El
crecimiento y la reducción de la pobreza
Desde
2006, Bolivia ha sido gobernado por los mismos militantes socialistas en
Venezuela. El país ha experimentado un espectacular crecimiento y reducción de
la pobreza económica, sin ningún signo de caos que ha afectado a Venezuela.
Mientras que la inflación está a punto de superar a 1,000 por ciento en
Venezuela, es en Bolivia en menos de cuatro por ciento. Déficit de producto, lo
que está fuera de control en Caracas, no existe en La Paz.
La
pobreza extrema, que ahora está aumentando rápidamente en Venezuela, que afecta
a sólo el 17 por ciento de los bolivianos ahora, comparado con el 38 por ciento
cuando los socialistas llegaron al poder hace diez años. La distancia entre
ricos y pobres también disminuye: el diez por ciento más rico de Bolivia han
cometido 128 veces más que los diez más pobres. Hoy en día ganan 38 veces más.
¿Cómo
puede ser esto? Es cierto que Bolivia se ha beneficiado de un "boom"
debido a la creciente demanda de recursos naturales en gran parte de la década
de 2000. ganancias extranjeras de seis veces después de que Evo Morales, el
presidente de izquierda carismático, tomaron el poder de un escaso 19 mil
millones justo antes de las elecciones a poco más de 111 mil millones en la
parte superior de los tiempos de auge.
"Boom" de los recursos naturales
"Boom" de los recursos naturales
Así que
sí, el alto costo de las materias primas hace que sea definitivamente más fácil
para lograr el desarrollo.
Pero no explica por qué Bolivia prospera, mientras que Venezuela se derrumba: Este último disfrutó de una aún mayor "boom" de los recursos naturales, con un aumento de alrededor de 198 millones de dólares en ingresos antes de que el boom del petróleo, para cerrar 1320 millones de dólares cuando los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo.
Pero no explica por qué Bolivia prospera, mientras que Venezuela se derrumba: Este último disfrutó de una aún mayor "boom" de los recursos naturales, con un aumento de alrededor de 198 millones de dólares en ingresos antes de que el boom del petróleo, para cerrar 1320 millones de dólares cuando los precios del petróleo alcanzaron su punto máximo.
Resulta
que no hay un "boom" real que desempeña un papel, sino más bien lo
que hacer con él.
socialistas
venezolanos utilizan todas las ganancias inesperadas de exportación, y algo
más. socialistas de Bolivia salvaron gran parte de sus ingresos. Venezuela
entró en grandes déficit presupuestarios cada año, incluso cuando los precios
del petróleo alcanzaron niveles exorbitantes entre 2005 y 2014. Eso quiere
decir que el país sufrió la deuda, mientras que los ingresos del gobierno se
dispararon - una irresponsables políticas procíclicas que dejaron a Venezuela
en un callejón sin salida cuando el precio de las materias primas se redujo
drásticamente .
Mientras
tanto se fue a Bolivia en ganancias cada año entre 2006 y 2014. Esto les
permitió deshacerse de gran parte de la deuda del sector público, que se redujo
de 83 por ciento del PIB en 2003 a sólo el 26 por ciento en 2014. Esto sucedió
mientras que Bolivia se incrementó sus reservas internacionales de manera
espectacular, de 14,6 millones en 2005 a 130 millones en el 2014.
Una buena
gestión económica
Resulta
que la diferencia entre Bolivia y Venezuela no tienen nada que ver con las
etiquetas ideológicas abstractas y más bien todo lo relacionado con la buena
gestión económica.
Lo sé
"buena gestión financiera" suena terriblemente aburrido, pero hace
una gran diferencia en la vida de las personas reales.
Mientras
los socialistas por descuido de Venezuela hicieron una vez floreciente clase
media del país pobre, hecha socialistas de Bolivia una nueva clase media que
consiste en toda la población indígena de larga marginados.
Más de
una década triplicado el PIB per cápita de aproximadamente 8600 a NOK escasa
27.600 coronas. Al mismo tiempo creado nuevos programas de regulación dirigidas
a las personas mayores, las madres y otros grupos vulnerables, una mejora
significativa en los indicadores sociales.
Por poner
un ejemplo: el 32 por ciento de los bolivianos estaban desnutridos crónicos en
2003. En 2012, sólo el 18 por ciento no. Todavía mucha corrupción.
El punto
aquí no es idealizar socialistas de Bolivia: El país sigue siendo pobre
dictaminado en varias áreas clave. La corrupción sigue para caracterizar el
sector público del país, donde la mayoría de los contratos Vitka se distribuyen
a los amigos cercanos y aliados del gobierno.
Y aunque
no es tan extremo como el camino de Venezuela hacia una dictadura, es
preocupantes tendencias autoritarias en la política bolivansk, donde se
obstaculiza constantemente la oposición, al igual que cualquier democracia real
necesita para funcionar.
Incluso
Bolivia ha logrado, deben tomarse con una pizca de sal. Hay razones para creer
que reducción de la pobreza habría ido mucho más rápido y de forma más
sostenible si el gobierno no tenía en el programa innecesaria repelido por el
sector privado
Las
empresas extranjeras, que a menudo se oponen por un gobierno hostil, está
trabajando activamente para salir del país e invertir poco o nada.
Bolivia
tiene ahora también aparente dificultad para adaptarse a los precios más bajos
de las materias primas. Desde 2015 ha sido en gran déficit y utilizado sus
reservas internacionales demasiado rápido, mientras que el gobierno se oponen a
los recortes en el gasto social que inevitablemente vienen con precios más
bajos de las materias primas.
Mantener
esto con vida en los años venideros, a continuación, Bolivia terminan en la
misma espiral descendente que Venezuela se encuentra ahora.
Sin
embargo, debido a Bolivia mantuvo pasar hacia abajo y redujo la deuda durante
los años dorados, se les ha dado muchas más formas de hacer frente a la
recesión económica en Venezuela de lo que nunca podría soñar.
Sin
contexto
No es
cierto que existe una correlación evidente entre el socialismo y el desastre
económico. No se trata sólo de que es fácil de encontrar contradicciones en los
gobiernos socialistas que no han causado el colapso económico, por lo que
Bolivia es un ejemplo.
También
es cierto que los desastres económicos, más a menudo que no, ha sido causado
por los antisocialistas endurecidos. caos económico aguda que terminó en la
hiperinflación estalló en Argentina, Brasil, Perú y Bolivia en los años 80.
Cada vez que esto ocurrió durante los gobiernos de derecha o centro-, que se
situó en marcado contraste con la izquierda socialista.
El
socialismo no es la explicación de por qué algunos países fallan completamente
financieramente. Usando explicación socialismo difumina debatir, mientras
deslegitimar las políticas progresistas que han demostrado que funcionan. El
argumento convence a los conservadores que está bien cuando descuidadamente
gastar demasiado dinero.
Después
de todo, si no hay negligencia económica provocando el caos económico, sino más
bien un concepto abstracto ( "socialismo"), ¿por qué no habría
derecho a gastar mucho dinero?
RENUNCIA DE EVO PARA PODER REPOSTULARSE INSTALA DEBATE EN
BOLIVIA
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
“Vamos a
respetar los resultados, sea No o Sí, vamos a respetar la democracia”, prometió
el Presidente Evo Morales pocas horas antes de que los resultados finales del
referendo de febrero de 2016 mostraran el rechazo de los bolivianos a una
reforma constitucional que le permitiera optar a una nueva reelección. Aunque
finalmente el No se impuso con el 51,3% de los votos, frente al 48,7% del Sí,
Morales prometió entonces que “la lucha sigue”.
Y es eso
lo que el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) pareciera estar haciendo
ahora, al buscar habilitar de nuevo a Evo Morales como candidato presidencial.
Para ello, planteó cuatro alternativas: la primera es activar una iniciativa
popular con firmas de la población, la segunda una ley de la Asamblea Nacional,
la tercera una interpretación constitucional y la cuarta la renuncia de Evo.
Esta
última opción es la que más debate ha generado en las últimas semanas. En una
entrevista televisiva, el actual Vicepresidente Alvaro García Linera dijo que
sería “un honor” y un “privilegio de vida” asumir la Presidencia del país
durante seis meses si ese fuera el mecanismo usado por el gobierno para
permitir una nueva reelección de Morales. “En la medida en que no ha cumplido
su mandato Evo y ya hay una nueva Presidencia, Evo queda habilitado
automáticamente para ser candidato y presentarse a las elecciones en diciembre
de 2019”, aseguró.
Uno de
los defensores de esta opción es el procurador general, Héctor Arce, quien
apela al siguiente criterio para justificar la habilitación de Evo Morales a la
reelección a través de la renuncia: “Para que un período constitucional sea
considerado como tal debe cumplirse en su integridad; si no ocurre aquello no
es considerado como un período constitucional”. Y para graficarlo recordó que
en los 80 Hernán Siles Zuazo acortó un año su mandato constitucional y su
Vicepresidente, Jaime Paz Zamora, fue habilitado para postular, a pesar de que
la Constitución lo prohibía.
Pero el
propio Paz Zamora salió a refutar el argumento de Arce. Así, aclaró que su
habilitación para ser candidato a la Presidencia en 1985 se dio en medio de
“una crisis de conspiración contra nuestro gobierno de la Unidad Democrática y
Popular (UDP). No tiene nada que ver con la actual situación”, enfatizó. “Lo
que me preocupa es que un hombre tan inteligente como Arce esté prestándose
para confundir a la opinión publica con ese tipo de argumento”, dijo al diario
Página Siete.
En la
misma línea, el analista político y ex parlamentario de oposición, Carlos
Börth, criticó las cuatro alternativas que el MAS baraja para habilitar a Evo
Morales, en especial su eventual renuncia. “De las cuatro vías que han
planteado es la más absurda incomparable e inaplicable”, aseguró.
Tras
estudiar las cuatro propuestas del MAS, el analista y abogado
constitucionalista William Bascopé llegó a la conclusión de que todas son
inconstitucionales. “Hay que ser bien claros (…) ninguna de ellas tiene
fundamento legal y más bien de manera arbitraria, violan lo establecido en la
Constitución”, concluyó.
POLÍTICA Y PODER EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO Y LA
DEMOCRACIA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
Consideraciones
generales
Por Arturo D.
Villanueva Imaña.- Desde que
se ha establecido que la democracia constituye la forma de gobierno más
perfecta y avanzada que los pueblos han encontrado para regir sus sociedades,
cada vez más se ha ido acentuando el énfasis por conquistar el gobierno y el
poder, y cada vez menos en construir su fin último que consiste en establecer
un gobierno del pueblo, donde prime su decisión soberana y no la voluntad del
gobernante de turno y de las (nuevas o viejas) élites a las que representa.
Es decir,
se ha hecho cada vez más corriente y generalizada la concepción por la cual se
entiende a la política como el instrumento para luchar, conquistar y conservar
el poder, apropiándose del Estado. Se produce un secuestro de la política, lo
público, la economía y las decisiones en manos del grupo (generalmente
minoritario) y los sectores dominantes que logran hacerse del poder; y se
pierde aquella perspectiva orientada a forjar y devolver a la ciudadanía y sus
organizaciones sociales, la capacidad de decisión y autodeterminación. En otras
palabras, aquel poder que originalmente reside en el soberano y es conferido
circunstancial y temporalmente para administrar la cosa pública, es secuestrado
y usurpado para favorecer e imponer intereses sectarios.
Tan
cierto es este afán por conseguir el poder, que no solo prevalece en las
tendencias conservadoras y derechistas que pugnan por conservar y reproducir el
poder para mantener y expandir sus privilegios; sino que también ha sido
adoptada en algunas corrientes llamadas progresistas y de izquierda. Sucede que
en vez de priorizar procesos orientados a promover las capacidades de
autodeterminación, decisión y autogestión desde las bases; han preferido
embarcarse en la conquista del poder (entendida como el fin último de la
política). En el caso de Bolivia, por ejemplo, se pretende sustituir inclusive
a las clases y sectores sociales que deberían dirigir y orientar el proceso,
por la figura individual de una persona, en la que se pretende concentrar todos
los atributos y valores de las luchas y conquistas que le corresponden al
pueblo. A tal punto llega el extravío, que a tiempo de considerarlo como un
caudillo insustituible al que se le otorgan y en el que se depositan todas las
facultades de decisión; finalmente se vacía toda posibilidad de generar y
respetar procesos de decisión popular, secuestrando y usurpando esta facultad
en manos de un individuo. A su turno y precisamente por esa imprescindibilidad
otorgada, también se cierra y anula toda posibilidad de continuidad y
sostenibilidad de un proceso, que no sea dependiente de esa figura personal y
el culto que se le dispensa.
Parece
como si los acontecimientos y los hechos históricos no hubiesen sido
suficientes para comprender que en la generalidad de los casos (muy en
contrario de lo que se esperaba), los procesos de cambio y transformación
iniciados y perfilados en las luchas y revueltas populares, terminaron casi
invariablemente traicionados desde el poder y una vez que se conquistó el
gobierno. Es decir, que los cambios y transformaciones se hacen y conquistan en
las bases y las luchas; y no así en y desde el poder y el gobierno, como se
pensaba.
El origen
para que se produzca ese desencanto popular y el creciente rechazo social que
provocan los gobiernos que abandonan sus compromisos, es precisamente al
constatarse el distanciamiento creciente que se produce entre el Estado y la
sociedad, cuando el gobierno hace cada vez menos lo que reclama la sociedad
como sus prioridades, e impone proyectos e iniciativas que no responden ni
resuelven los problemas álgidos de su pueblo. Es decir, abandona y traiciona
los postulados y mandatos establecidos, para hacer prevalecer las prioridades e
intereses de las nuevas castas dominantes.
En los
casos de gobiernos que se reclaman como populares y aunque persista un discurso
que reafirme supuestas convicciones de izquierda; lo que desenmascara su
impostura e hipocresía, es la prevalencia de medidas, políticas y acciones de
gestión gubernamental que (muy en contrario del discurso), favorecen intereses
sectarios, corporativos, antinacionales y entreguistas. Es decir, se hace
prevalecer y se produce un sometimiento a intereses generalmente
transnacionales, capitalistas y de carácter colonial que se encuentran en la
antípoda del interés nacional. En el caso de Latinoamérica, a poco más de 10
años de gestiones de gobiernos progresistas y de izquierda (como se han
autodenominado), los ejemplos no son excepciones y tienen un legado muy elocuente.
Si no, puede verse lo que sucede en Ecuador, Nicaragua, Bolivia, etc.
La
realidad boliviana
Ahora
bien, cuando la sociedad boliviana (a pesar de haberse producido ya un
referéndum nacional que ha dirimido y constitucionalizado irrevocablemente su
decisión), vuelve a ser interpelada por la terca e insistente pretensión de
abrir la Constitución para permitir una eventual y nueva reelección
presidencial (rechazada mayoritariamente); entonces surge inmediatamente con
fuerza la pregunta de por qué ese afán desmesurado y testarudo por mantenerse y
conservar el poder “cueste lo que cueste”. Por qué se insiste tanto en
prorrogarse en el poder, cuando la tarea fundamental consistía en transformar
el viejo Estado de privilegios y jerarquías, para construir uno nuevo en donde
prevalezca la decisión, la participación y la gestión pública ejercida desde
las bases (y no en un aparato burocrático corporativamente distribuido y cada
vez más grande e inepto)?
Es decir,
surgen serias interrogantes e inquietudes en torno al concepto y la práctica
política, como el enfoque del poder y la democracia que los gobernantes tienen
y pretenden imponer.
Se
levanta una incógnita en torno a si la forma de gobierno, el tipo de Estado y
las características de nuestra democracia, responden a la visión y los
principios establecidos en la Constitución; pero sobre todo respecto del
compromiso de transformar aquel modelo (clientelar, cupular, de la democracia
pactada) contra el que se había luchado.
La
respuesta, lamentablemente, al contrastarla con la obcecada decisión del
partido de gobierno y las organizaciones sociales oficialistas que pretenden
arrogarse la voz de todo el pueblo, solo confirma la pertinaz intención de
conservar y reproducir el poder “a como dé lugar”. Es decir, sabiendo que ello
solo garantiza la concentración del poder en pocas manos y la preservación de
determinados intereses y privilegios de las nuevas élites dominantes, que
terminan usurpando la capacidad de decisión, participación y autodeterminación
al pueblo.
Colateralmente,
a la par de esas interrogantes y cuando se hacen patentes regímenes secantes en
los que se produce una concentración del poder asfixiante; también se sabe que
la mejor forma de equilibrar y controlar ese poder, solo es posible cuando la sociedad
civil está organizada y tiene capacidad de movilización, porque así existen
mejores condiciones para impedir excesos autoritarios, y/o defender derechos y
demandas que toda sociedad tiene.
Este
equilibrio y control en la correlación de fuerzas entre el Estado y la sociedad
es aún más promisoria y tendencialmente más avanzada, cuando la sociedad civil
al margen de estar bien organizada, cuenta con organizaciones, pueblos y
sectores sociales esclarecidos (digamos política y socialmente conscientes),
que tienen la virtud orientar y dirigir las luchas populares, ya no solamente
como contrapeso al poder del Estado, sino señalando el camino de las
transformaciones que requiere la sociedad para perfeccionarse y cumplir sus
históricos objetivos de igualdad, libertad, soberanía, etc.
Durante
muchas décadas, esa fue una característica de la sociedad boliviana. Alrededor
de la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Unica de Campesinos
(CSUTCB), el pueblo logró estructurar un formidable contrapeso frente al
Estado, y especialmente respecto de gobiernos y regímenes antidemocráticos y
dictatoriales. Tal fue su fortaleza, que en determinadas coyunturas sociales y
políticas se planteó el co-gobierno y la dualidad de poderes (como en el caso,
por ejemplo, de la Asamblea Popular al inicio de la década de los años 70).
Sin
embargo, quebrado, desarticulado y dispersado (política y materialmente)
semejante referente organizativo y popular el año 1986 (cuando se produce la
Marcha por la Vida protagonizada por el proletariado nacional alrededor de la
COB y la FSTMB); tuvieron que pasar muchas décadas antes de poder rearticular
una fuerza social de esa magnitud, para luchar y deponer aquel modelo
neoliberal y su gobierno de turno, que habían dado un golpe tan duro a la
conciencia nacional y sus organizaciones matrices.
El Pacto
de Unidad fue forjándose muy lenta y dificultosamente en el transcurso del
largo periodo neoliberal, la desideologización de los movimientos y
organizaciones sociales, y la atomización y “relocalización” a la clase obrera
nacional, que se habían impuesto desde mediados de los años 80.
Al margen
de la Coordinadora del Agua y la Vida en Cochabamba (que constituye otra invalorable
experiencia organizativa que tuvo un papel determinante para perfilar y
establecer nuevas formas de decisión y autodeterminación popular que
contribuyeron en la lucha contra el neoliberalismo y la expulsión de intereses
corporativos transnacionales del país); el proceso de cambio y transformación
en Bolivia (que estalló con la llamada Guerra del Agua a inicios del año 2000 y
la revuelta popular de Octubre Negro del 2003), estuvo también precedido por la
conformación del Pacto de Unidad.
Esta organización
se forjó en las tierras bajas del Oriente, sobre la base de las 5
organizaciones indígenas y campesinas matrices de todo el país. Al margen de
haber logrado insertar en la agenda nacional, históricas reivindicaciones
emergentes de la explotación, exclusión y discriminación étnica y cultural que
sufrieron durante siglos, así como de reclamar el reconocimiento de su
identidad colectiva, el derecho a la tierra y el territorio y su
autodeterminación; otra de las virtudes esenciales del Pacto de Unidad, fue la
de amalgamar y constituirse en el referente nacional que impulsó las
principales luchas del pueblo (sobre la base de varias y sacrificadas Marchas
Nacionales que emprendieron), hasta el punto de lograr la derrota y expulsión
de los gobiernos neoliberales y el establecimiento de la Asamblea Constituyente
(que fue una demanda nacional originada en este movimiento).
No fue
casual que alrededor de este Pacto de Unidad se constituyera posteriormente el
denominado Instrumento Político para la Soberanía del Pueblo (IPSP), como una
novedosa y esperanzadora fórmula que se perfilaba como el mecanismo para
preservar y devolver a las organizaciones sociales y sus bases, la capacidad de
decidir y constituirse en los protagonistas del proceso.
Aquella
promisoria fórmula encontrada para abanderar y dirigir el proceso, pronto se
desvirtuó al tomarse la decisión de conformar el Consejo Nacional para el
Cambio (CONALCAM) y los consejos departamentales (CODECAM), que pasaron a
formar parte de la gestión de gobierno nacional y departamentales, y a cuya
organización se integraron nuevos y diversos sectores sociales (como
gremialistas, transportistas, jubilados, juntas de vecinos, etc), incluida la
COB.
Con el
argumento de conducir el proceso de cambio, las organizaciones sociales no solo
perdieron la independencia sindical y política (tan indispensables para
controlar y constituirse en contrapeso frente al Estado que se conformaba);
sino que pasaron a formar parte, a corresponsabilizarse de la gestión de
gobierno, pero sobre todo a beneficiarse de las ventajas y beneficios del
poder, sobre la base del cuoteo corporativo, la repartija de canonjías y el
manejo clientelar del aparato del Estado.
Cuando
tuvieron la más grande oportunidad para constituir un Estado diferente y alternativo
al modo conservador, vertical y jerárquico que había caracterizado a los
gobiernos y las democracias derechistas y republicano-liberales; el llamado
proceso de cambio decidió adoptar y reproducir esas antiguas y conservadoras
formas de gobernar.
De esa
forma no solo reprodujo el perpetuo afán de las clases dominantes tradicionales
de conquistar el poder solo para conservar, imponer y satisfacer sus intereses
sectarios, sino que transfirió este impulso de conquista, dominación y
conservación del poder en los sectores y organizaciones sociales; las mismas
que al entrar en la lógica del “ahora es cuando”, terminaron sucumbiendo a la
angurria de poder, el control del Estado y la dominación, como un fin en sí
mismo.
Al
concebirse y ejercerse la política como la forma de conquistar y conservar el
poder a toda costa, también se hace imposible generar procesos de
transformación y cambio que le devuelvan a la ciudadanía, sus organizaciones y
pueblos, la capacidad de decidir y autodeterminarse, de tal modo que se
facilite y construya el verdadero sentido de la democracia: el gobierno del
pueblo. A cambio y a la inversa de ello, se torna conservador y hasta
reaccionario, porque esa forma de hacer política corresponde a los antiguos y
tradicionales partidos, organizaciones y sectores que buscan el poder para
imponer sus intereses (quitándole a la democracia su sentido esencial y
fundamental).
Y como la
historia se encarga de demostrar este extremo, también es posible afirmar que
no se trata de un fenómeno exclusivo de partidos, tendencias y organizaciones
conservadoras y de derecha que buscan el poder para perpetuar la vigencia de su
dominación; sino que también expresa el sentimiento y la visión de
organizaciones y tendencias autodefinidas como de izquierda, que también ansían
conseguir “el maravilloso instrumento del poder” para sustituir y encumbrar
nuevas élites de dominación (sindical, corporativa, cultural y/o clasista), en
cuya lógica de gobierno persiste y se reproduce la verticalidad, el mando de
unos pocos y las jerarquizaciones excluyentes.
Frente a
un escenario como éste, evidentemente la sociedad y la ciudadanía quedan
desprotegidas y vulnerables ante la “majestad del poder”. Sin embargo,
históricamente y muy especialmente en Bolivia, también ha quedado claro que
solo se trata de episodios pasajeros, antes de que vuelvan a surgir nuevas
iniciativas y movimientos orientados a resolver y restituir, al menos, el
equilibrio perdido.
En
Bolivia, donde buena parte de las organizaciones sociales y sus dirigentes han
sido cooptados por el poder en forma clientelar y prebendal, y donde ya no
existen condiciones para contrarrestar, controlar y equilibrar la nueva
relación de dominio y hegemonía que ejerce el poder del Estado sobre la
sociedad; la ciudadanía que no forma parte del oficialismo, ha quedado
completamente desguarnecida. A pesar de ello ha ideado y está generando nuevas
oportunidades para organizase, y ha puesto en marcha un nuevo tipo de
colectivos, agrupaciones, movimientos sociales, e iniciativas comunitarias o
asociativas (de carácter barrial, rural o de redes sociales), donde prevalecen
y se ejercen novedosas como tradicionales formas de deliberación, decisión,
participación y gestión social en diferentes campos.
Caracterizados
por un natural y comprensible rechazo (dados los antecedentes organizativos
sucedidos en el país), a estructurarse jerárquica y verticalmente, y menos a
comprometerse o estar dispuestos a reafirmar lealtades que no correspondan a
objetivos concretos de lucha, trabajo o acción en la que se encuentren (en
claro rechazo a las traiciones, los partidos políticos tradicionales y la forma
de hacer política que ha caracterizado la historia nacional); en realidad
muestran un nuevo horizonte y una diferente voluntad para establecer la relación
entre la sociedad y el Estado.
Si las
luchas y conquistas populares por construir una sociedad diferente, con un
gobierno verdaderamente del pueblo, han sido envilecidas y degeneradas por el
poder; entonces no es casual que tiendan a desarrollarse nuevas y alternativas
formas sociales de decisión, participación y gestión, que paulatinamente vayan
liberándonos de la dependencia de contar con un gobierno para que administre la
cosa pública. El gobierno debe darse cuenta que no ha surgido para usurpar el
poder que le corresponde al soberano, sino para servir, atender, facilitar y
garantizar todas las condiciones, derechos y servicios que permitan al pueblo
vivir con dignidad, igualdad y respeto, en armonía con la naturaleza.
La
pretensión de prorrogarse y reproducir el poder “cueste lo que cueste”, no solo
es un despropósito político que sucumbe a tentaciones autoritarias para
adueñarse de la voluntad soberana que le corresponde al pueblo, sino que
desconoce en la práctica la decisión del mismo soberano expresado claramente en
un referéndum nacional específicamente dispuesto para dirimir esta situación.
Además, pone en entredicho aquel principio de “gobernar obedeciendo” que había
sido adoptado precisamente por el gobierno del Estado Plurinacional.
Un precedente
de este tipo no muestra una voluntad de servicio y mucho menos la intención de
construir y devolver al pueblo la capacidad de decidir y construir procesos de
gestión popular y pública; sino que busca utilizar su respaldo, para concentrar
y beneficiarse de las ventajas que otorga el poder, el mando, la verticalidad y
las jerarquías inherentes a una forma de gobierno no precisamente popular y de
izquierda.
EL BANCO MUNDIAL APOYA EL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE
PARA 125.000 RESIDENTES DEL ORIENTE DE BOLIVIA
Sat Press de Releases de EEUU (www.satprnews.com)
La Junta
Directiva del Banco Mundial aprobó hoy un préstamo de US $ 230 millones para
financiar la pavimentación de la carretera entre San Ignacio de Velasco y San
José de Chiquitos. Este proyecto mejorará la accesibilidad y la conectividad y
reducirá los tiempos y costos de transporte para cerca de 125.000 habitantes de
la región y otros usuarios de la ruta. Esta sección del camino forma parte del
Corredor Bi-Oceanico Chile-Bolivia-Brasil.
El
Proyecto para el Corredor Rodoviario de Conectarse a Santa Cruz mejorará las
condiciones de acceso de cuatro municipios a corto plazo: San José, San Rafael,
San Miguel y San Ignacio, donde la mayoría de la población - el 61 por ciento -
se identifica como perteneciente al Chiquitano Comunidad indígena, y un
porcentaje menor a la comunidad indígena ayoreo.
Las
principales actividades económicas de estas comunidades son la agricultura, la
ganadería y la silvicultura. Las mejoras en las carreteras brindarán beneficios
directos a estas poblaciones, incluyendo menores costos de transporte, lo que
se reflejará en mejores precios para sus productos y en un mejor acceso a
bienes y servicios.
"El
esfuerzo que Bolivia está haciendo para mejorar su estructura de transporte es
crucial para proporcionar un acceso eficiente y confiable a los mercados para
los agricultores ya los servicios y oportunidades de empleo para la población
en general", dijo Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para
Bolivia, Chile, Ecuador, Perú Y Venezuela. "Los beneficios de este
proyecto son para todos los usuarios de la ruta, pero especialmente para los
habitantes de las zonas rurales remotas de esta región oriental del país".
El
proyecto tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico y la
reducción de la pobreza en una zona con una de las mayores concentraciones de
producción en el país, incluyendo la agricultura, procesamiento de azúcar,
aceites, soja y productos lácteos; Y fabricación de materiales de construcción,
muebles y artículos de cuero.
Además,
complementará el "Circuito de la Misión", que la UNESCO seleccionó
como Patrimonio de la Humanidad y que promueve el turismo en la región. El
proyecto también facilitará el traslado al Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
una reserva natural ubicada en el noreste del departamento de Santa Cruz.
A largo plazo, como tramo clave del Corredor Bi-Oceanico, la carretera contribuirá a la diversificación y expansión de la producción, el comercio y los servicios, factores críticos para la creación de empleo y, por consiguiente, para el aumento de ingresos de las familias bolivianas.
A largo plazo, como tramo clave del Corredor Bi-Oceanico, la carretera contribuirá a la diversificación y expansión de la producción, el comercio y los servicios, factores críticos para la creación de empleo y, por consiguiente, para el aumento de ingresos de las familias bolivianas.
"Bajo
el Marco de Asociación para el País Actual, el Banco Mundial está
proporcionando recursos a Bolivia, principalmente para financiar proyectos de
desarrollo rural, riego, agua y saneamiento, desarrollo urbano y servicios
básicos, que beneficiarán directa e indirectamente a 4,5 millones de bolivianos
De ellos de bajos ingresos ", dijo Nicola Pontara, Representante del Banco
Mundial en Bolivia.
El
financiamiento será de US $ 230 millones, de los cuales US $ 200 millones
corresponden a un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), con un vencimiento de 16 años y un período de gracia de 13,5 años. Los
US $ 30 millones restantes son un préstamo del Fondo de Desarrollo
Internacional (FID), que tiene un período de vencimiento de 24 años y un
período de gracia de cinco años. El BIRF y las FDI son entidades del Grupo del
Banco Mundial que proporcionan financiamiento a los gobiernos de sus países
miembros.
BOLIVIA AGILIZA IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVIDAD EN EL
PUERTO DE ILO
La ASP- B, en tanto, busca solución a tema tarifario en
Arica
Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
Bolivia
agiliza con autoridades peruanas, la implementación del Puerto de Ilo para
importación y exportación del comercio exterior boliviano, anunció David
Sánchez, gerente de la Administradora de Puertos de Bolivia (ASP-B), quienes
buscan ofrecer a importadores y exportadores similares condiciones de las
otorgadas por el puerto de Arica en Chile.
David
Sánchez, informó que para lograr este objetivo sin vulnerar las normas
peruanas, se realizan las primeras gestiones entre autoridades
correspondientes. “Activamos misivas para que a través de la Cancillería
podamos cerrar este tema con Perú y de esta manera poder entrar al puerto de
Ilo como un agente aduanero que pueda recibir la carga en tránsito desde
ultramar y pueda ser despachada hacia territorio boliviano”, señaló el
ejecutivo.
Requisitos
Uno de
los acuerdos logrados entre los presidentes de Bolivia, Evo Morales y de Perú,
Pedro Pablo Kuczinsky, establece un periodo de seis meses para la aprobación de
requisitos para que la ASP-B opere sin restricciones en el puerto de Ilo.
“Para que
Bolivia pueda operar en el puerto de Ilo, se necesitan dos elementos, que se
apruebe un manual operativo con autoridades peruanas y se reconozca al operador
aduanero que somos nosotros”, puntualizó el Gerente.
Al
resolverse estos dos requisitos fundamentales, Bolivia podrá ofrecer a
importadores y exportadores condiciones similares a las que otorga el
terminal portuario de Arica-Chile.
Tarifas portuarias en Arica
Por otra
parte, David Sánchez, informó el martes 10 de enero que está a la espera
de una respuesta de las autoridades del Terminal Portuario de Arica (TPA) a una
invitación para resolver el conflicto derivado de un incremento de las tarifas
portuarias.
En junio
de 2016, el Terminal Portuario de Arica (TPA) incrementó las tarifas de los
servicios en un 10,72% que La Paz se negó a reconocer, acumulando una deuda de
US$8 millones.
La
intención de La Paz es que ambos países definan la escala tarifaria en Arica
bajo el amparo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
y la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
Gestiones
David
Sánchez indicó en información publicada en el sitio oficial de ASP-B que “hemos
enviado estas notas los primeros días de enero y estaríamos pendientes de una
respuesta de Chile para poder tratar estos temas técnicos que obviamente no son
un tema si no, prácticamente, una serie de temas que hay que tratar”, señaló.
El
gerente de ASPB también agregó que “nosotros, como empresa portuaria de
Bolivia, siempre en coordinación con la Cancillería, queremos tratar ese tema
de una manera abierta, esto tiene que ver con nuevas estructuras tarifarias,
nuevos servicios homologados entre Chile y Bolivia, y sobre todo, para aclarar
desde Bolivia que no tenemos el mejor servicio”, puntualizó.
UN FUNCIONARIO DE AERONÁUTICA DE BOLIVIA ASEGURA QUE
PARTE DE LA TRIPULACIÓN DEL LAMIA NO ESTABA AUTORIZADA
Según el abogado del empleado público, la autorización de
la tripulación se había realizado tres días antes del accidente
ABC de España (www.abc.es)
El
funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia
responsable de la autorización de operaciones del avión que se estrelló el pasado 28 de noviembre al sur de Medellín ha
asegurado que parte de la tripulación que
viajaba en el aparato no tenía autorización para realizar el vuelo.
Christian
Mauricio Durán León, que trabaja en la DGAC como responsable de salidas,
entradas y sobrevuelos de la Unidad de Servicios Aerocomerciales, ha afirmado a
través de su abogado que de los miembros de la tripulación que viajaban en el
avión solo el piloto, Miguel Quiroga,
tenía autorización para volar.
«Mi
cliente ha explicado al fiscal Osvaldo Tejerina que sólo Miguel Alejandro Quiroga y Marco Antonio Rocha -copropietario de la aerolínea LaMia, a la que pertenecía el avión
siniestrado- eran los integrantes de la tripulación que la DGAC
autorizó para estar en el vuelo», ha explicado el abogado, Jaime Cernadas, en
declaraciones recogidas por el diario «El Deber».
Según
Cernadas, la autorización de la tripulación se había realizado tres días antes del accidente, que acabó con la
vida de 71 de las 77 personas que viajaban en el avión, entre ellos gran parte
del equipo de fútbol de Brasil Chapecoense.
Sin
licencia para vuelos internacionales
En el
avión viajaban, además de Quiroga, el copiloto Ovar Goytia; la azafata -y
superviviente- Ximena Jiménez; el representante de la compañía Álex Quispe -a
quien se habrían notificado las dudas
acerca de la autonomía de la nave-; el jefe de tripulación, David
Vacaflores; y el mecánico de aviación, Edwin Tumiri, que también sobrevivió al
siniestro.
Según
Durán León, la azafata no necesitaba permiso específico de vuelo, no así los
miembros de la tripulación de cabina. Goytia, que ejercía durante el trayecto
de copiloto, era piloto pero tenía
expirado su permiso como copiloto para vuelos internacionales. Por su
parte Tumiri tampoco tenía permiso de la DGAC para volar como mecánico de
aviones.
Durán
León ha señalado, además, que el vuelo fue solicitado por Rocha, a quien
Bolivia quiere interrogar pero que se encuentra actualmente fuera del país.
Extraoficialmente se conoce que podría
estar en Paraguay e intentando tramitar una solicitud de asilo en el
país.
RENACE LAGO EN BOLIVIA QUE SE HABÍA SECADO Y DESAPARECIDO
EN 2015
Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
Las
intensas lluvias que cayeron las últimas semanas en la parte occidental de
Bolivia hicieron que el desparecido Lago Poopó, ubicado en la parte central de
Oruro (suroeste), comience a renacer, dijo a Sputnik el gobernador de ese
departamento, Víctor Hugo Vásquez. "Queremos decir con toda certeza que el
lago Poopó no está muerto, vive todavía y muy pronto volverá a ser fuente de
riqueza para las familias que viven a su alrededor", aseguró la autoridad.
De
acuerdo con los datos técnicos de la Gobernación de Oruro al menos 703
kilómetros cuadrados de los 2.500 que comprende el lago fueron repuestos de
manera natural, explicó el gobernador, quien añadió que según las proyecciones
oficiales se espera que en 2020 este reservorio de agua recupere todo su
esplendor.
Vásquez remarcó que en el altiplano boliviano la única posible fuente de agua son las lluvias y estas propiciaron el "retorno del lago Poopó". El funcionario recordó que el 2015 fue el año más crítico para la región, pues el lago se había reducido a pequeños charcos, obligando a una población de cerca de diez mil familias aymaras y unas 500 de la comunidad originaria Uru Muratos a migrar de la zona y buscar otras fuentes de sustento.
Vásquez remarcó que en el altiplano boliviano la única posible fuente de agua son las lluvias y estas propiciaron el "retorno del lago Poopó". El funcionario recordó que el 2015 fue el año más crítico para la región, pues el lago se había reducido a pequeños charcos, obligando a una población de cerca de diez mil familias aymaras y unas 500 de la comunidad originaria Uru Muratos a migrar de la zona y buscar otras fuentes de sustento.
"La
situación de los Urus es la más preocupante, porque esas personas no tienen
tierras para el pastoreo y la ganadería y vivían exclusivamente de la caza y
pesca en lago Poopó", señaló Vásquez.
"Estamos
esperanzados en que la recuperación del lago va a seguir avanzando y de acuerdo
a la experiencia de quienes hemos vivido en la región sabemos que el ciclo de
vaciarse y llenarse el lago tarda entre tres a cinco años", agregó.
La
Gobernación está promoviendo el uso racional del agua para la agricultura y la
ganadería y se están adoptando medidas para evitar su contaminación producto de
la intensa actividad minera en la zona, explicó el gobernador. En 2016
investigadores ambientalistas y de la Agencia Espacial Europea dieron por
perdido el lago Poopó debido a los efectos del cambio climático y a la falta de
políticas de protección de este reservorio de agua, uno de los más importantes
de Bolivia.
EL PILCOMAYO AMENAZA CON INUNDAR ÁREAS CHAQUEÑAS
Como ocurre en cada periodo estival, la crecida del río
en territorio boliviano se extiende hacia tierras salteñas, cubriendo sectores
poblados y con hacienda.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
Como era
esperable, la historia se repitió. El extenso y sinuoso río Pilcomayo, con
importante crecida en territorio boliviano en los últimos días, baja sus aguas
por suelo argentino y ya hace peligrar sectores poblados o de cría de hacienda
del Chaco salteño.
Desde
ayer, los corrales del paraje Marca Borrada están a solo tres metros de quedar
aislados por el agua del río que, por esta amplísima área de llanura, se
extiende como una laguna.
Las
lluvias en las serranías del norcentro boliviano, en Beni, ya hicieron lo suyo
y en la cuenca media del Pilcomayo, en tierras salteñas, la problemática se
acrecienta.
Lo
llamativo es que el régimen de lluvia no fue importante, es decir que Santa
Victoria Este y parajes aledaños no sufrieron inundaciones en lo que
va del verano. Pero el caudal del río atemoriza.
"El
camino extremadamente serpenteante del Pilcomayo lo hace desbarrancar en
cualquier parte. Su característico arrastre de toneladas de sedimentos, lodo y
árboles lo va taponando y desborda como un estero en nuestras llanuras, que
vienen desde Hito I por Formosa y Salta", analiza el conocido puestero
chaqueño Lucio Rojas, en una charla con El Tribuno.
Rojas se
refirió así a la especial característica del Pilcomayo, considerado uno de los
ríos que mayor cantidad de sedimentos transporta en el mundo, con una tasa
media anual de 125 millones de toneladas. Esta particularidad constituye el
rasgo natural por excelencia de la región, recorriendo más de 1.000 km desde
los 5.500 metros de altura en sus nacientes en Bolivia hasta los 250 metros en
los alrededores de Misión La Paz, en Salta.
Las
defensas
"Una
de las miles de curvas que hace el río está enfrente a mi casa y le peleo
armando gaviones improvisados con "gomas de todo tipo de vehículos, porque
los árboles se pudren. Igualmente las cubiertas, que a la vez las ato con
cables, van siendo taponadas paulatinamente por el barro", describe Rojas.
Pero indudablemente que se trata de un sistema precario, que no soluciona de
fondo su problema cada periodo estival.
"Todos
los años hago esta defensa, pero es muy pobre mi trabajo", dice Rojas.
Para
indicar detalles del problema, señala que a dos kilómetros de su propiedad está
La Bajada, el codo más grande del río que hace peligrar al pueblo de Santa
Victoria Este y a Marca Borrada. "Por noche, el agua me va quitando de a
tres metros de tierra. A los animales los voy corriendo, pero las instalaciones
y la casa peligran".
PUNO: POBLACIÓN DE ZEPITA SE MOVILIZAN EN BUSCA DE NIÑA
DESAPARECIDA
Temen que redes de traficantes la hayan raptado para
llevarla a Bolivia. Ella solo tiene 5 años.
Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
La
inseguridad ciudadana no es exclusividad de las grandes urbes en el Altiplano
peruano, ya que también se registra en
localidades más pequeñas así como en comunidades campesinas y centros poblados.
La siguiente
es la historia de una pequeña de solo
cinco años de edad, llamada Mariluz, quien permanece no habida en la localidad
de Zepita, provincia de Chucuito, desde hace aproximadamente diez días.
Los
familiares denunciaron la extraña
desaparición ante las autoridades policiales, pero también están haciendo
esfueros por cuenta propia para hallarla. Existe el temor de que la
pequeña haya sido llevada al lado boliviano, por la cercanía de la frontera.
SOLIDARIDAD.
Enterados de la situación con la familia de Mariluz, los pobladores de Zepita
se dispusieron a realizar una “marcha del sol” para recabar dinero y así
intensificar la búsqueda de la niña.
Asimismo,
ayer se hizo una pequeña protesta ante la
Policía Nacional, con pancarta en mano, los familiares pidieron a la Policía
que se intensifique las investigaciones para recuperar a la pequeña y
sancionar a quienes la retienen.
El
distrito de Zepita se encuentra a unos 15
kilómetros de la frontera Perú-Bolivia, cerca de Desaguadero, por lo que
el temor de que la niña y sus captores hayan pasado el límite es más grande.
Se conoce
que la pequeña habría sido extraviada cuando los padres se encontraban en la
feria local de Zepita. Durante la marcha, los vecinos advirtieron que
traficantes de personas suelen tener ruta en estas zonas de la región, por lo
que es urgente que se encuentre a la pequeña Mariluz y pueda volver junto a sus
familiares.
TEMER ADVIERTE QUE LOS GRUPOS DEL NARCOTRÁFICO SON UN
PODER "POR FUERA DEL ESTADO"
Tras decir que la muerte de casi 100 presos en una semana
en cárceles brasileñas era un "accidente trágico", el presidente
ahora habló de una "matanza pavorosa" y admitió que es un
problema grave.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com)
Primero
lo atribuyó a un “accidente trágico”. Pero ahora, el presidente Michel Temer entiende que el saldo de
100 presos muertos en una semana, en los presidios de Brasil, fue una “matanza
pavorosa”. Y también que existe una relación directa entre las revueltas y la
guerra entre los grandes carteles de la droga. En un discurso pronunciado este
miércoles en el Palacio del Planalto dijo que estas organizaciones delictivas
constituyen un poder “por fuera del Estado” y “con leyes y códigos propios”.
Según
Temer, este “descubrimiento” llevó a su gobierno a entender que “esta cuestión
sobrepasa los limites de la seguridad y preocupa a la nación como un todo”. La
primera reacción del jefe del Ejecutivo, cuando ocurrieron las dos masacres,
fue zafar de la responsabilidad. Para él y su ministro de Justicia, Alexandre
de Moraes –quien hoy está en el ojo de una tormenta que le puede costar el
cargo- la culpa era esencialmente de los estados provinciales, que tienen a su
cargo el manejo de las cárceles. Hoy la tesis cambió: “En este momento, la
realidad que vivimos no exige naturalmente la construcción de presidios. Cuanto
menos para asegurar una condición menos inhumana para los detenidos. Hay
penales donde solo caben 600 personas pero albergan hasta 1.600”.
Para el
Grupo de Combate al Delito Organizado (GAECO), hay una relación directa entre las rebeliones de la semana pasada en las
prisiones y la guerra entre los dos carteles principales: el Primer
Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (CV). La disputa entre ambos
grupos, después de años de una alianza, sobrevino cuando el CV realizó
“acuerdos” con facciones regionales, para impedir que los paulistas se
convirtieran en “hegemónicos” en el manejo del tráfico de drogas. El PCC es una
mafia nacida y desarrollada en el estado de San Pablo que hoy tiene presencia
en todo el territorio brasileño y “filiales” en países vecinos como Perú,
Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Argentina.
“La
alianza inicial se daba como una manera de protegerse mutuamente. Pero luego
evolucionó hacia el control de las rutas de la droga y del contrabando de
armas”, indicó un fiscal del Grupo de Combate al Delito Organizado (GAECO). En
precisiones al diario O Globo,
el experto reveló que la unión entre las dos facciones “se reflejó en la
pacificación en algunos estados brasileños y dio resultados económicos
positivos para ambas facciones”. Pero de pronto el Comando Rojo decidió
entrelazarse con otras mafias locales como la Familia del Norte, el Bondi de
los 40 y el Primer Grupo Catarinense (de Santa Catarina).
Las
descripciones del Gaeco no son nuevas. Por el contrario, se conocen desde hace
un buen tiempo. Solo que Temer y su gobierno estaban con preocupaciones muy
distantes cuando acontecieron las rebeliones. Al punto que en noviembre del año
pasado, puestos al tanto por el gobierno estadual de Roraima de que allí podría
ocurrir un desastre carcelario, el ministro de Justicia Moraes decidió mirar
para otro lado y respondió que no había condiciones para una ayuda desde
Brasilia.
Los del
Gaeco no son los únicos que advierten la gravedad de los hechos ocurridos la
semana anterior, con un saldo de 65 muertos en Manaos y de 33 en Boa Vista.
Este miércoles, la Asociación de Magistrados de Brasil (AMB), la entidad más
importante de los jueces del país, sostuvo que “hay un riesgo real de un
control del Estado por organizaciones delictivas”. Una descripción precisa que,
en este caso, apuntaba además contra la liberación “indiscriminada” de presos
por delitos de drogas y otros. Indicó que si esta era la “metodología” para
resolver la “superpoblación” carcelaria, esto dará en poco tiempo un dominio de
los cárteles sobre las propias instituciones brasileñas. “Si cada rebelión en
un establecimiento penal obliga a soltar a los presos en forma indiscriminada,
las organizaciones delictivas habrán obtenido un control definitivo de las
unidades carcelarias”. Esta polémica tomó cuerpo los últimos días dentro del
propio sistema judicial.
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